Saboteo a los procesos nacionalistas en marcha La implantación de las bases militares en Colombia también está relacionada de manera directa con la decisión del gobierno de los Estados Unidos, y de sus lacayos de América del Sur, de oponerse a los gobiernos nacionalistas que han surgido en varios países de la región en los últimos años. Sobre el particular, un documento de mayo de 2009 de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos enfatiza la importancia de la base de Palanquero, en el centro de Colombia, al recalcar que nos da una oportunidad única para las operaciones de espectro completo en una subregión crítica en nuestro hemisferio, donde la seguridad y estabilidad están bajo amenaza constante por las insurgencias terroristas financiadas con el narcotráfico, los gobiernos antiestadounidenses, la pobreza endémica y los frecuentes desastres naturales (Blair, s/a). Se agrega en este mismo documento que la base de Palanquero, por su capacidad, excelente ubicación y buena pista, significa ahorrar costos, y su aislamiento relativo “minimizará el perfil de la presencia militar estadounidense”. Con ello, se mejorará la capacidad de EEUU para responder rápidamente a una crisis, y asegurar el acceso regional y la presencia estadounidense con un costo mínimo. Palanquero ayuda con la misión de movilidad porque garantiza el acceso a todo el continente de Suramérica con la excepción de Cabo de Hornos, si el combustible está disponible, y más de la mitad del continente sin tener que reabastecer (Golinger, 2009). En cuanto a las cuatro razones mencionadas por las cuales se justifica el establecimiento de la base de Palanquero (lucha contra lo que Estados Unidos denomina “terrorismo” y narcotráfico, gobiernos antiestadounidenses, pobreza y desastres naturales) en muy poco tiempo la ocupación armada de Haití por los Estados Unidos ha saldado cualquier discusión, pues los hechos han venido a mostrar el verdadero alcance del intervencionismo de los Estados Unidos, aunque éste no haya sido hecho desde Palanquero, pero si indica lo que les espera a los países de la región en un futuro inmediato. En efecto, después del devastador terremoto natural que asoló a la empobrecida isla caribeña, que se sumó al terremoto social y económico provocado por el capitalismo y el imperialismo desde hace décadas, Estados Unidos, en lugar de enviar ayuda sanitaria, alimenticia o económica para socorrer a los millones de damnificados, desembarcó más de 20 mil marines, y se convirtió en una fuerza de facto con el pretexto de mantener el orden. En realidad, esa ocupación está relacionada con otras razones de tipo estratégico: convertir a Haití en otro portaviones terrestre para desde allí espiar y preparar agresiones contra los países de la región; asegurarse el control de posibles yacimientos de minerales y de petróleo que pudieran encontrarse en el subsuelo de ese país; evitar la migración masiva hacia los Estados Unidos de los haitianos que tratan de huir de la miseria y la desolación; y, facilitar el establecimiento de maquilas para las multinacionales, aprovechando una fuerza de trabajo casi gratuita. Estas son algunas de las consecuencias que se desprenden de las intervenciones imperialistas que se justifican a partir de lo que los Estados Unidos denominan, en forma eufemística, “desastres naturales”. Por otro lado, en documentos oficiales de diversas instancias del gobierno de los Estados Unidos, que son reproducidos de forma inmediata por las clases dominantes de Colombia y por la prensa del país y del continente, se acusa a los gobiernos de Venezuela, Ecuador y Bolivia de múltiples delitos: entorpecer la lucha contra las drogas, que supuestamente llevaría a cabo Estados Unidos; haberse convertido en refugio de “terroristas” de toda laya, llegando incluso a fabricar mentiras sobre la supuesta presencia de grupos terroristas procedentes del Medio Oriente en la Guajira venezolana o asegurar que en Venezuela se estarían preparando armas nucleares y mil embustes por el estilo; en esos países no se respetaría la libertad de prensa y se habrían convertido en regímenes dictatoriales, que se oponen a la libre empresa y a la propiedad privada. Para citar solo un ejemplo reciente, recordemos que en febrero de 2010 Denis Blair, Director Nacional de Inteligencia de Estados Unidos, señaló en forma irresponsable que el presidente venezolano y sus aliados, y menciona en forma concreta a Cuba, Bolivia, Ecuador y Nicaragua, se opondrán “a toda iniciativa estadounidense en la región, entre ellas, la expansión del libre comercio, el entrenamiento militar, la cooperación antidrogas y antinarcóticos, iniciativas de seguridad e incluso programas de asistencia”. Dicha oposición, según el vocero de los Estados Unidos, se explica porque el presidente Hugo Chávez ha impuesto “un modelo político populista y autoritario en Venezuela que mina las instituciones democráticas” (cf. Blair, s/a). Todas estas mentiras están inscritas en la llamada guerra de cuarta generación que en estos momentos Estados Unidos, vía el gobierno colombiano, libra de manera directa contra Venezuela y Ecuador. En este tipo de guerra, el gobierno de Estados Unidos pretende mantenerse al margen para dar la impresión que no está involucrado, recurriendo a gobiernos títeres, como el de Colombia, para adelantar todas las acciones criminales de saboteo y desestabilización interna en los países que han adoptado proyectos revolucionarios o nacionalistas. Por eso, no resulta extraño que desde el mismo momento de implantación de esos gobiernos, Estados Unidos esté operando desde Colombia, y con la directa participación de la oligarquía de este país para impedir la consolidación de los procesos revolucionarios en marcha. Desde luego, que esa oligarquía tiene sus propios intereses porque considera como un muy mal ejemplo que se llegaran a fortalecer gobiernos nacionalistas, que pudieran convertirse en un incentivo para los sectores populares de Colombia, y para ello han librado con toda la premeditación y mentira del caso una campaña mediática de infundios y mentiras entre la población pobre, en la que se recurre a las calumnias racistas contra los presidentes de varios países de la región, entre ellos Venezuela, Ecuador y Bolivia. En este tipo de guerra irregular, no reconocida ni declarada nunca, pero tan mortífera como las guerras convencionales, la oligarquía colombiana se ha valido de todas las armas, que van desde la calumnia y la amenaza pública contra los gobiernos de la región, pasando por su intento, por lo demás risible, de acusar a Hugo Chávez y Rafael Correa como terroristas ante la ONU u otras instancias internacionales, hasta llegar a la organización y financiación de grupos de paramilitares que han incursionado en territorio venezolano y que incluso han participado en acciones criminales en ese país, incluyendo un intento de atentar contra el presidente venezolano en 2005. Que Estados Unidos sigue pensando en términos de guerra irregular ha quedado demostrado con la publicación de un Manual de Contrainsurgencia en 2009. El título podría verse a primera vista como desfasado, puesto que este tipo de manuales eran propios de la época de la Guerra Fría. Pero no hay tal desfase. Ese manual apunta a reforzar la idea que Estados Unidos se tiene que seguir enfrentando a enemigos irregulares, y lo más preocupante para Colombia y América Latina estriba en que a todos los mete en un mismo saco. En efecto, en ese texto se sostiene que no hay diferencias entre narcotráfico, terrorismo y movimientos guerrilleros; afirmación que se sustenta en el hecho de que todas las organizaciones irregulares comparten las mismas tácticas y estrategias y mecanismos de financiación. Este nuevo rostro que la contrainsurgencia tiene un terrible impacto, porque en esa lógica predomina una visión exclusivamente militar y se renuncia a reformas sociales, económicas y políticas, todo lo cual está inscrito en la lógica de guerra permanente y preventiva. Pero, además, al identificar como similares a grupos guerrilleros con terroristas y narcotraficantes, lo que Estados Unidos justifica es su involucramiento directo en las luchas internas, que responden a condiciones política, que libran grupos que tienen sus propios presupuestos ideológicos. Eso, sencillamente, es echarle leña al fuego, porque una cosa es financiar, preparar y armar al ejército de un Estado, lo que Estados Unidos viene haciendo desde hace 60 años, a intervenir militarmente en forma abierta en un territorio extranjero, en un país al cual no se le ha declarado la guerra. Desde luego, que Estados Unidos ha intervenido de esta forma, pero eso se hacía en forma soterrada y clandestina; lo que ahora se plantea es hacerlo de manera directa, lo que supone ampliar la noción de campo de batalla a todo el mundo (cf. Egremy, 2009). Esto quiere decir que Estados Unidos ha decidido considerar que la guerra irregular adquiera tanta importancia como la guerra convencional, y por ello deberá identificar sus potenciales enemigos no estatales y estatales que se conviertan en peligros para la seguridad de los Estados Unidos y atacarlos en sus propios territorios. Con esto tenemos que a un país como Colombia ya no solo van a venir mercenarios y asesores que, formalmente no intervienen en las batallas, sino que en determinados momentos pueden llegar a desembarcar marines.
Posted on: Tue, 01 Oct 2013 02:10:30 +0000
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