Santa Cruz de la Sierra) CLAD; Agencia Española de Cooperación Internacional 1 La lucha contra la corrupción en Colombia El Quindío: Un ejemplo de transparencia y eficiencia para el país Oscar Villegas Garzón Antecedentes y desarrollo de la lucha contra la corrupción en Colombia Colombia, como muchos países industrializados y los de economía de transición, ha sufrido los flagelos que genera la corrupción, pero a diferencia de otros contextos, se han presentado algunas particularidades que terminaron agravando la situación, lo que no ha impedido la realización de la más vigorosa estrategia para combatirla. Una larga convivencia con el narcotráfico y el afán por el enriquecimiento fácil se convirtieron en la media y en la forma de ascenso social; el narcotráfico permeó a la sociedad en su conjunto, a la política, a la economía, a la agricultura, al deporte. La globalización de la economía precipita otras formas de corrupción en las cuales empresas transnacionales, que han sido la minoría, quieren ganarse los mercados a través de actos de corrupción, entre ellos el soborno. El cohecho o soborno es la práctica de corrupción más generalizada y extendida, al extremo de que en torno suyo se fue creando una especie de subcultura que originó un paralenguaje en el cual expresiones como “mordida”, “serrucho” y otras que en lugar de causar rechazo o indignación, arrancaron sonrisas o miradas de aceptación, complecencia o, lo que es peor, indiferencia. Para entender a fondo la forma como se ha emprendido la lucha contra la corrupción en Colombia, es necesario resaltar la importancia que tuvo la Reforma Constitucional de 1991. Este cambio normativo se preocupó por ofrecer más legitimidad y credibilidad en las instituciones del Gobierno y por garantizar nuevos espacios de participación ciudadana. Así se explica que la normatividad que se refiere al tema de lucha por la moralidad en la administración pública sea tan reciente. La Constitución Política de 1991 determina que la función administrativa, que está al servicio de los intereses generales, se debe desarrollar con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.1 “El mayor reto que enfrenta el Estado en el aspecto institucional es que debe volver a legitimar su existencia y la de las instituciones que lo conforman. El problema de legitimidad está unido, además, al alto nivel de corrupción que existe en el país, creando no solamente pérdida en la credibilidad de los dirigentes sino, distorsiones de mercado que obstaculizan y no permiten la creación de empleo y un mayor crecimiento económico”2 . Otro aspecto constitucional relevante radicó en el cambio de régimen hacia una descentralización precipitada del sector central al territorial, que produjo un masivo traslado de recursos, decisión que no se acompañó de controles, de formas de veeduría que hubieran evitado la apropiación de lo que se consideró como un botín. Durante la vigencia de lo que históricamente se llamó el Frente Nacional, proceso en el cual los partidos políticos se alternaron durante dieciséis años en el ejercicio del poder, los controles fueron relegados ya que el pacto bipartidista condujo a un silencio cómplice que junto con el clientelismo terminó apoderándose del sistema. La corrupción es, sin duda, un problema de Estado y es allí en donde se deben afincar los controles para combatirla, pero es también un asunto social en el cual la creación de un entorno ético es
Posted on: Tue, 30 Jul 2013 15:36:57 +0000
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