Si el actor popular no ejerce carga de la prueba, esta no puede trasladarse al juez El Consejo de Estado determinó que aunque el juez tenga la facultad de decretar pruebas de oficio en acciones populares, corresponde al actor ejercer la carga de la prueba. Así, el artículo 30 de la Ley 472 de 1998 indica que el liderazgo que asuma el juez en la materia debe obedecer a la imposibilidad técnica o económica de cumplir con esa prerrogativa, que le da al demandante este rol preponderante en la demostración de la amenaza. Teniendo en cuenta esta condición excepcional para transformar el desarrollo de la carga de la prueba, la providencia indica que si el actor cuenta con los medios disponibles para aportar al proceso estos elementos y no lo hace, no es posible activar el poder oficioso del juez. Al observar que la supuesta vulneración procedía de la expedición de actos administrativos, aclaró también que en sede de la acción popular no es posible examinar su legalidad, sino simplemente su capacidad de impactar negativamente los derechos colectivos (C. P. Guillermo Vargas Ayala).
Posted on: Wed, 04 Sep 2013 02:20:00 +0000