También confirmó que afrontará el juicio político al cual fue sometido luego de la decisión de la Sala de Acusar de la Legislatura y anunció que su abogado defensor será «el defensor general adjunto Alfredo Pérez Galimberti» quien en su momento defendió al ex procurador General, Eduardo Samamé. En una entrevista concedida a LU 20, Panizzi dijo que se lo acusa por cargos inventados que «no son causal de remoción» y afirmó que «acusar a un juez por opiniones está prohibido por la Constitución», remarcando que todo lo denunciado por él «está comprobado en la Fiscalía». En síntesis el ahora suspendido magistrado enumeró que se lo acusa de realizar exposiciones públicas «cuando ello no es delito», también por «hechos ocurridos en Sarmiento hace 15 años» en referencia a una causa «que fui sobreseído» detalló; además de «un supuesto acoso laboral a una funcionaria ocurrido hace 5 ó 6 años» mujer con la que reconoció haber tenido una relación sentimental y finalmente señaló que el otro hecho que se le imputa es el de «no haber fundamentado las disidencias» en algunas resoluciones administrativas, como por ejemplo oponerse «a la compra de un auto». En ese sentido aseguró que «se cambian hasta tres veces por año los vehículos» que usan los ministros de la Sala Civil del Superior Tribunal, cuando por otra parte «no le compran vehículos a los juzgados del interior porque aseguran que no da el presupuesto». En esa misma entrevista Alejandro Panizzi señaló que el resto de los ministros lo empezaron a atacar «cuando yo propuse el plan de transparencia y autolimitación de los gastos de los ministros», señalando que afrontará el juicio con entereza porque «yo a mis hijos les puedo decir porqué me están por echar, yo no sé si ellos les pueden decir a sus hijos porqué no los echan. A mi me echan por haber denunciando la corrupción y eso no es ninguna vergüenza, yo me voy con la frente alta, yo no cometí ninguna conspiración ni formé parte de ningún complot para destituir a ningún juez». MEZA EVANS Y LA MEGACAUSA En otro pasaje de la entrevista Panizzi preguntó como puede el fiscal de Estado Blas Meza Evans, conocer «mi voto» respecto a la megacausa del Banco del Chubut, cuando lo sabían los otros dos integrantes de la sala a la que él pertenece en referencia a Jorge Pfleger y a José Luis Pasutti, dudando de la conducta de éste último, acusándolo de haberse aliado con Meza Evans para destituirlo, y así poder el actual fiscal de Estado ocupar un sillón en el Superior Tribunal de Justicia si finalmente es destituido y sobre esto dijo que «hay testigos que declararon esto en la Fiscalía». Finalmente y sobre la megacausa dijo que «se cae» si él es destituido ya que no habría tiempo para formar un nuevo tribunal. Los tres puntos del juicio político El dictamen en mayoría de la Comisión Investigadora y que fue acompañado por 11 votos de la Sala de Acusar, considera que el suspendido ministro de la Sala Penal del STJ, Alejandro Panizzi, debe ser sometido a un juicio político por tres puntos que se resumen en la causal de mal desempeño: haber denunciado a sus pares de la Sala Civil a través de los medios generando una crisis institucional; haber acosado laboralmente a una empleada; y cierto desconocimiento del derecho por firmar resoluciones en disidencia y sin fundamentar. Desde ayer comenzó a correr el plazo impostergable de 30 días que vence el 5 de septiembre, lapso en el cual debe haber una definición de la Sala de Juzgar, integrada por 13 miembros, que en principio será presidida por Daniel Rebagliati Russell, como presidente del STJ, pero que puede llegar a ponerse en duda si llega a ser propuesta como testigo por la defensa de Panizzi. El ministro de la Sala Penal será defendido por el defensor general Alfredo Pérez Galimberti, el mismo abogado que años atrás asumió la defensa del ex procurador general Eduardo Samamé, en otro juicio político que el año pasado la corte provincial reconoció que fue mal destituido. En tanto la Sala Penal comunicó ayer, a través de su presidente, Juan Ale, que los tres diputados designados para sostener la acusación en el juicio serán Argentina Martínez y María José Llanes (FPV) y Roberto Risso (UCR). Aún se desconoce el lugar físico en el que se llevará a cabo el juicio que podría iniciarse dentro de un par de semanas en el recinto o en el auditorio de la Legislatura. ACUSACION El repaso por la valoración de los testimonios que informa la comisión investigadora, arroja que el más comprometedor es el de la titular de la Oficina de la Mujer, María Carolina Arrigone, con quien ayer el mismo Panizzi reconoció en declaraciones haber mantenido una «relación personal» y que está «enojada». La abogada asegura que Panizzi la hostigó laboralmente al quedar embarazada y que la agredió verbalmente, despidiéndola de su puesto y llevándola casi a un parto prematuro. Para cuatro diputados de la comisión, esto constituye «acoso laboral» y es una de las varias muestras de conducta violenta del magistrado, además de cruces y amenazas con sus pares Royer y Pasutti. En otro punto de la acusación, se mencionan declaraciones de Panizzi a dos medios gráficos en los que acusó a sus colegas de malversación de fondos, abuso de viáticos y «dedocracia sin concursos», entendiendo los diputados que esto debió denunciarlo por la vía institucional y no de esta manera, que generó «una verdadera crisis institucional que afecta la imagen pública, funcionamiento y eficacia de la propia justicia provincial». El tercero de los asuntos por los que será enjuiciado Panizzi, es lo que se estipula como desconocimiento del Derecho, basado en acuerdos plenarios y resoluciones correlativas en las que durante el año 2012 «firmó en disidencia pero sin fundamentar aunque sea mínimamente tal decisión», a lo que se agrega «casi todas ellas continuadas en su numeración» de lo cual se desprende que «se opuso en forma antojadiza». EN CONTRA Los tres votos del Modelo Chubut acompañaron el dictamen en minoría de la diputada Mirtha Romero, en el que se expresa que esto se trata de «una parodia» y que en los testimonios «no se acreditó la responsabilidad ni el perjuicio de las denuncias públicas, ningún testigo pudo manifestar algún hecho violento de gravedad». Además advierte que si Panizzi es apartado de su cargo, aunque sea transitoriamente, una de las consecuencias directas podría ser la prescripción de la «megacausa». Para Romero, al tener que conformarse un nuevo tribunal, se favorecería la estrategia de los abogados de la defensa, y agrega que el denunciante del pleno de la corte en el otro pedido de juicio político, el abogado Gustavo Carranza Latrubesse, ha sido apoderado de la empresa «Aridos Fontana», uno de cuyos socios es imputado en esa causa. Por ello advierte que quienes suspendan a Panizzi «serán instrumentos que garantizarán la impunidad en una de las causas más relevantes que ha conocido nuestra provincia».
Posted on: Wed, 07 Aug 2013 12:03:40 +0000