Tarija y “El agujero negro” del sur del país M. V de Torres , 11-13 CORRUPCIÓN | MÁS DE SEISCIENTOS MILLONES DE BOLIVIANOS HAN TENIDO UN DESTINO INCIERTO EN EL DEPARTAMENTO SIN QUE HASTA LA FECHA HAYA CULPABLES Y MENOS UN RESARCIMIENTO DEL DAÑO. Corre una leyenda de boca en boca en Tarija que cuenta que en tiempos de dictadura del general Banzer, los greengos arribaron hacia el sur y enterraron cientos de toneladas de material radioactivo por allá, cerca de Mecoya. Algunos utilizan esta leyenda para justificar los altos índices de cáncer en el departamento, otros para explicar avistamientos inexplicables, y otros, sin embargo, bromean que la NASA descubrió el “agujero negro” por el que desde hace décadas desaparecen los recursos económicos del departamento, con vía directa al hiperespacio. Leyendas, sin duda, y como todas con una pizca de verdad, y es el que “agujero negro” en el sur del país parece haberse hecho cada vez más grande a medida que se han incrementado los ingresos del departamento. El agujero negro ha devorado plata a raudales, pero también culpables, alcaldes, fiscales, imputados, gobernadores y pruebas. En la década del gas, Tarija ha registrado una media de un caso grosso de corrupción al mes, de los que, sin embargo, no se tiene un solo sentenciado y mucho menos se ha producido un resarcimiento del daño. Sólo en el año 2011 se registraron 178 casos de corrupción de acuerdo a la información de la entonces directora de gestión judicial, Sandra Gutiérrez. Las cifras hablan de más de 600 millones de bolivianos cuyo destino ha sido incierto. UN DAÑO MILLONARIO De acuerdo a los reportes de la viceministra de corrupción, Nardi Suxo, de la gestión del prefecto – gobernador, Mario Cossío, quedó un daño de 47 millones de dólares (328 millones de bolivianos), sin que todavía se haya esclarecido el dato judicialmente en los 22 procesos que tiene abiertos y que acumuló en su gestión entre enero de 2006 y diciembre de 2010. Curiosamente, 22 son también las denuncias que han llegado a la Fiscalía en la gestión de Lino Condori, con 34 meses en el poder, aunque el Fiscal del Departamento señala que siete fueron archivadas por falta de pruebas y sólo 15 se mantienen abiertas. Sólo con el caso de la resolución de las variantes al Chaco, que suman 20 millones de dólares y los expedientes en el Prosol de 2012, que añadirían otros seis millones, el agujero negro se habría atiborrado de un total de 73 millones de dólares, una cantidad que casi dobla el presupuesto de inversión anual del departamento de La Paz, por ejemplo. Si a la cuenta se suman los casos que el Ministerio Público sigue contra alcaldes del departamento se acerca al infinito. Todos los casos superan los 100 millones de bolivianos. Sólo al alcalde de Yacuiba, Carlos Brú, se le advierte un daño de 17 millones de bolivianos y al alcalde de Tarija, Óscar Montes, por sus tres casos más sonados casi 25 millones de bolivianos. El récord de denuncias lo tiene el ex alcalde de Bermejo, Delfor Burgos, que cosecha 12 acusaciones formales a título personal mientras que la Alcaldía de San Lorenzo enfrenta 25 casos en la fiscalía, acumulados tanto por el ex alcalde opositor Miguel Ávila como por el actual oficialista Juan Carlos Gutiérrez. No importa el color político, al puro estilo de las “juntuchas”, panistas, miristas, caminocambistas y masistas parecen haber encontrado el secreto mejor guardado del departamento, su “agujero negro”. COSSÍO Y SU RÉCORD La gestión del prefecto Mario Cossío se judicializó prácticamente en su totalidad. Ex MNR y que tuvo la presidencia del país a mano en 2004 como presidente del Congreso, acabó refugiándose en el departamento con la primera elección de prefectos por voto popular. Nació entonces Camino al Cambio, un partido que con el tiempo se conoció que era él mismo. Carreteras, caminos, adquisiciones, nepotismo y tráfico de influencias, prácticamente de todo lo posible se acusó a Cossío. Hay casos emblemáticos como la Villa Olímpica, ese megacomplejo de cemento que contemplaba Velódromo, Piscina y Estadio y que al final se convirtió en un quebradero de cabeza cuando empresarios adjudicatarios empezaron a confesar las coimas que pagaron a su hermano, Pablo Cossío, confeso y hoy prófugo de la Justicia. El daño se estima en unos 10 millones de bolivianos, pero hay más. Obras fantasmas como la carretera Tojo – La Verdiguera, con un supuesto daño de 24 millones de bolivianos, o el intento de adjudicar la vía Bermejo – San Antonio que acabó convirtiéndose en un proyecto desconcentrado administrado directamente por el Servicio Departamental de Caminos de Bermejo y que concluyó 5 kilómetros en cuatro años tras consumir una media de un millón de bolivianos por mes son los casos más famosos en el tema vial. Casos como la compra de los motores Cummins, la construcción del centro de menores infractores en Bermejo, las presas Huacata, Calderas y El Molino forman parte de su palmarés, aunque el que quedará para la Historia es el caso Imbolsur. El juicio se desató por la no renovación de una boleta de garantía de la empresa Imbolsur, que debía suministrar el cemento asfáltico. La responsabilidad acabó recayendo en Cossío, pese a que él responsabiliza al entonces Director del Sedeca. Esta acusación formal por la que se le demanda 1,3 millones de bolivianos desencadenó su suspensión y su posterior huida a Paraguay. La ministra Anticorrupción, Nardi Suxo, azote implacable en la gestión de Cossío, que como Gobernador electo apenas duró nueve meses, cifra el daño en 47 millones de dólares repartidos en 22 procesos. LINO ACUMULA DENUNCIAS El gobernador interino Lino Condori está concluyendo su tercer año de gestión, lo que no ha impedido que acumule 22 denuncias por corrupción, siete de ellas ya archivadas por falta de pruebas. Condori, ex mirista y ex alcalde de Yunchará y con más de 20 años de vida política, fue elegido entre los asambleístas del Movimiento Al Socialismo para suceder a Cossío. Como Máxima Autoridad Ejecutiva ha estado involucrado en varias denuncias colectivas, como el caso Trépanos, en el que se compraron supuestamente por nuevos y 1,8 millones de bolivianos unos perforadores de segunda mano, además de los escándalos de la ExpoSur e incluso tuvo problemas con la no liquidación de los aportes de los funcionarios a la AFP. El caso más complejo que enfrenta es el de la resolución de dos contratos de la Variante al Chaco entre Zapaterambia y Sierra Tapecua, donde han quedado botados unos 20 millones de dólares en medio del campo después de unos cinco años de trabajo de las dos empresas. El caso, junto a la posterior conciliación de cuentas se ha judicializado. Otro tema es el Prosol, el goteo de casos de corrupción y malos manejos en la inversión de los fondos de las comunidades ha sido constante desde que se implementó el programa. En 2012 sin embargo, el escándalo ha sido mayúsculo y el 25 por ciento de las comunidades de las provincias (exceptuando al Chaco) han sido inhabilitadas para participar en el 2013, una cifra demasiado grande. LOS ALCALDES EN EL RÁNKING Los escándalos no son propiedad de un solo partido, y la muestra está entre los alcaldes. Óscar Montes en Cercado, jefe de UNIR, la última escisión del MIR en Tarija, ha estado involucrado en casos gruesos y por los que ya tiene una acusación formal. El caso de la compra de terrenos de la Villa Olímpica en el que se reclaman 12 millones de bolivianos, el caso Imbolsur II, por otro incumplimiento en la provisión y la controvertida permuta de terrenos de la Circunvalación por otros lotes en el barrio Senac son los más avanzados. En Yacuiba, a Carlos Bru, jefe de Poder Autonómico Nacional (PAN), se le reclaman unos 17 millones de bolivianos, por casos desde la compra de vehículos hasta la contratación de obras fantasmas o prestación de servicios inexistentes. El caso de la compra de computadoras para escolares es de los más llamativos. 12.500 fueron compradas a un precio de 387 dólares pese a que las investigaciones del semanario el Quebracho y el diputado Wilman Cardozo estiman un costo real de 250 dólares. Casi doce millones de bolivianos judicializados que sin embargo, no han amedrentado a Carlos Bru que ha anunciado una nueva compra para dotar a los alumnos de educación primaria. El ex alcalde de Bermejo, Delfor Burgos, miembro destacado de Acción Democrática Nacionalista de los estertores del siglo XX y fundador del Movimiento de Acción Regional (MAR) tiene el liderato de acusaciones formales, 12 en total, junto a otra docena de imputaciones. Burgos ha pasado temporadas en la cárcel, en función de los tiempos políticos. En enero, en la recta final de la campaña electoral a alcalde y con su candidato aliado al MAS, se le otorgó la prisión domiciliaria. Unos días después, con el MAS derrotado, volvió a prisión. La gestión de Burgos hizo estragos en la construcción de tinglados para unidades educativas y en el asfaltado de calles, pero también en la compra de terrenos para instalar un botadero que nunca llegó. El volumen judicial relacionado a Burgos es tan grande que ni los fiscales tienen estimado un monto supuestamente defraudado, pero superaría los diez millones de bolivianos. El municipio de San Lorenzo también tiene un lugar destacado a las orillas del agujero negro del departamento. Tanto Miguel Ávila, de Camino al Cambio, como el actual alcalde Juan Carlos Gutiérrez, del Movimiento Al Socialismo, alcanzaron los 25 procesos que llevan de nuevo, desde la compra de vagonetas con cargo a programas de salud a la construcción de polideportivos, alcantarillados y pavimentos. Lo cierto es que muy pocos son los municipios que se salvan, ni Entre Ríos con su alumbrado ni el Mercado de Villa Montes y otros tantos en la gestión del ahora ejecutivo del PAN Rubén Vaca. Ni que hablar del famoso radar meteorológico de El Valle de la Concepción, el último reducto emenerrista en el departamento. La pregunta es inevitable, ¿Podrá alguna autoridad, tarijeña o nacional cerrar el agujero negro de Tarija o esperaremos a que el agujero nos acabe devorando a todos?. BROMAS, LAS JUSTAS Por último, no son pocos los casos que por lo estrambótico dejaron de ser un ejemplo del mal manejo de fondos públicos. El anuncio de la contratación de la cantante Gloria Trevi para la ExpoSur 2011, con pago de anticipo incluido, supuso una de las mayores vergüenzas institucionales. La cantante no reconocía Tarija ni su concierto estaba inscrito en la página web oficial pese a que dos días antes aún se aseguraba su presencia. Unos 100 mil bolivianos aún son reclamados judicialmente. Cumpleaños, farras en Vías Bolivia, funcionarios cuestionados por apropiarse de una vivienda de una anciana y usos de vehículos oficiales para fines particulares también han quedado en el limbo de las investigaciones. EL SIN, POTOSÍ Y EL EVO CUMPLE Los indicios dicen que las autoridades nacionales también descubrieron el botadero astronómico de Tarija ya que varios casos siguen todavía sin investigar y otros se han alargado en el tiempo sin resultados. La vía a Potosí, la resolución del contrato con la empresa brasilera Queiroz Galvao y la subrogación con la empresa brasilera OAS es una de ellas. La última condena no ejecutoriada contra el ex director de Caminos, José María Bakovic, y la Queiroz hablaba de 31 millones de dólares, sin embargo, los incrementos que sufrió la vía en la “herencia sin licitación” por parte de la OAS todavía no ha sido investigado. El ministro de Hidrocarburos, Juan José Sosa, deslizó el año pasado un posible sobreprecio de hasta 15 millones de dólares en el proyecto de construcción del anillo energético en Tarija para conectar el departamento con el Sistema Interconectado Nacional de electricidad. El caso no fue auditado ni se han registrado avances en la interconexión. Por otro lado, el programa Evo Cumple ha distribuido varios millones de dólares por el departamento sin que los resultados hayan sido constatables. Emblemático es el caso del mercado de San Lorenzo, ubicado a un kilómetro del centro urbano y que para, simplemente, cerrado por falta de vendedoras. Con el Evo Cumple se construyeron también varios pozos de agua en la capital, al menos uno de ellos en propiedad privada y vacía que revalorizó su precio en pocos años y constituyó uno de los más jugosos negocios de un par de asambleístas. 157 MILLONES Y 15 MIL BOLIVIANOS SALVADOS POR LA CAMPANA Un denominador común en la gestión de Lino Condori ha sido el de salvarse a última hora. Bien por intervención de los medios o por la denuncia de algún opositor, varios casos se han salvado antes de que se consumara un posible delito económico. El caso más reciente ha sido la denuncia de la existencia de 46 comunidades fantasmas en Villa Montes, las cuales se disponían a cobrar el bono Productivo y Solidario (Prosol). La intervención de la técnico de Villa Montes, Ninoska Ortiz y el altavoz que proporcionó el asambleísta Jhonny Torres evitaron el desembolso de unos 24 millones de bolivianos que hubieran recaído en manos inexistentes. Pese a que la denuncia se cursó en los primeros días de septiembre, según documentación cuestionada por el ejecutivo Roberto Ruiz, fue en octubre cuando la Gobernación inició una investigación desde la Dirección de Transparencia, casi paralelamente a que los campesinos anunciaran medidas de presión para agilizar los desembolsos. El caso sigue en plena investigación. El otro caso sonado de la gestión 2013 es el de la famosa “Condorvía”, una carretera que cuando llegó al poder Lino Condori en 2011 tenía un contrato vigente de 29 millones de dólares para unir las comunidades de Carlazo y Piedra Larga, pero que tras resolverlo, fraccionarlo y varios amagues de licitación, fue puesta a concurso por casi 48 millones de dólares a finales de 2012. Tras ser adjudicada y firmados en febrero tres de los cuatro contratos que se contemplaban en la obra, la orden de proceder se retrasó. El escándalo saltó a los medios y el gobernador Lino Condori ordenó resolver esos contratos asegurando que no se había cometido ningún daño al Estado, al no haberse dado la orden de proceder. Pese a haber transcurrido cuatro meses desde el escándalo, ni los contratos han sido resueltos ni se ha identificado a ningún responsable de “haber alterado los rendimientos de la obra”, versión oficial utilizada para justificar la resolución del contrato, con el que se “salvaron” 133 millones de bolivianos, un monto superior a lo disponible para inversión de la Gobernación del Beni. Otro caso similar, a pesar de lo anecdótico de la cifra, es el del “Canal Fantasma” en Yacuiba. El 28 de junio de 2012, EL NACIONAL publicó la información contrastada de que la Dirección de Comunicación de la Gobernación firmó un contrato con el canal RTP de Yacuiba por pases de publicidad durante el mes de junio por el monto de 15 mil bolivianos, el mejor pagado entre las televisoras locales, sin embargo, la sorpresa fue mayúscula cuando se comprobó que RTP no emitía en Yacuiba ni tenía autorización para hacerlo. El director de Comunicación de aquella época, Yamil Cuéllar, apeló a la “buena fe” con la que se realizaban los contratos en su dirección y aseguró que, al no haber culminado la fecha de emisión (quedaban dos días para que acabara junio) no se iba a pagar. Cuéllar fue removido del cargo pocos días después, sin embargo fue recolocado en otras reparticiones de la Gobernación y hasta la fecha no se conoce quién fue el responsable de aquella situación ni se realizó una auditoría pública sobre la existencia de otros casos similares.
Posted on: Wed, 20 Nov 2013 13:03:05 +0000
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