Un Proyecto de Ley que radicó el Gobierno Nacional en el Congreso de la República permitiría, en caso de aprobarse, la posibilidad de que el área metropolitana de Bucaramanga se convierta en un Distrito Metropolitano por medio de una consulta popular. La iniciativa, que busca reformar la Ley 128 que rige las áreas metropolitanas, propone que para aprobar la conformación de este órgano sea necesaria una mayoría de votos en cada uno de los cuatro municipios del área y que participe al menos la cuarta parte del censo electoral. En este caso, los municipios desaparecerían como entidades territoriales y quedarían sujetos a las normas constitucionales y legales que se aplican en el Distrito Capital de Bogotá, donde hay un solo Alcalde y un solo Concejo. La iniciativa la podrían promover los mandatarios locales, la tercera parte de los Concejales de las cuatro localidades o el 10% de los ciudadanos que integran el censo electoral de los mismos municipios. Además de esta propuesta, el Ministerio del Interior plantea también para fortalecer las áreas metropolitanas, su conformación como autoridades ambientales y de transporte, la creación de bancos inmobiliarios para la gestión del suelo y nuevas posibilidades de financiación a través de los Alcaldes y los Concejos. “Áreas Metropolitanas no cumplen su función” Esta iniciativa legislativa surge a raíz de la difícil situación que presentan estas entidades planificadoras que, según algunos expertos en urbanismo y representantes de gremios, no cumplen a cabalidad con la función para la que fueron creadas: dar ordenamiento, articular y planificar el desarrollo de los municipios que la conforman. La misma directora del Área Metropolitana de Bucaramanga, Alfa Gélvez Figueredo, reconoció que actualmente esa entidad está ‘debilitada’ financieramente, debido a que desde 2002 la Corte Constitucional les quitó una de las pocas fuentes de recursos que contaban: la sobretasa al avalúo catastral. “Las Áreas Metropolitanas son herramientas excelentes para la planeación, coordinación y desarrollo armónico del territorio. Desafortunadamente, al no contar con dinero para su funcionamiento y gestión, han perdido capacidad de liderazgo en planes, programas y competencias a su cargo”, explicó la Funcionaria. Además, urbanistas como Antonio José Díaz Ardila y Alejandro Murillo, denuncian que no hay coordinación entre los Planes de Ordenamiento Territorial de los cuatro municipios y usualmente van en contravía o plantean diferencias en aspectos clave como el uso de los suelos y el desarrollo vial. Versiones encontradas con la propuesta Vanguardia Liberal consultó la opinión de varios expertos sobre este Proyecto de Ley y desde ya hay posiciones encontradas. Mientras la directora del Área Metropolitana de Bucaramanga, Alfa Gélvez Figueredo, y el presidente de la Sociedad Santandereana de Ingenieros, Florentino Rodríguez Pinzón, afirman que el Proyecto de Ley va por buen camino, otros como Félix Jaimes Lasprilla, Vicepresidente de la Unidad de Desarrollo e Inversión Regional de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, advierten que “esta reforma no tiene modificaciones de fondo, sólo pañitos de agua tibia”. Según él, la reforma no plantea aspectos que puedan ser una solución real a la problemática, como la unificación del impuesto predial (Floridablanca tiene uno de los más caros), la obligación de que por Ley se tenga un solo Plan de Ordenamiento Territorial o la garantía de una suma importante de recursos para los gastos de funcionamiento y el desarrollo de proyectos. Creación de bancos inmobiliarios Para poder controlar la especulación de la tierra y tener una mayor planeación del desarrollo del área metropolitana, el Gobierno Nacional plantea que estas entidades puedan crear bancos inmobiliarios para la gestión del suelo. Esto permitiría, por ejemplo, que la plusvalía de los suelos rurales que pasan a ser urbanos (estos terrenos multiplican hasta diez veces su valor) entren a las arcas de los municipios para desarrollar proyectos de vivienda de interés social u obras viales metropolitanas. Según Florentino Rodríguez, presidente de la SSI, “la ausencia de esta herramienta ha representado que las mejores tierras estén en manos de los grandes urbanizadores (quienes se ganan el valor de la plusvalía), dejando sin posibilidades a los proyectos de VIS por el elevado costo de la tierra y los municipios se ven forzados a buscar terrenos en extramuros de la escarpa”. Una sola autoridad de transporte Una propuesta más es que las Áreas Metropolitanas ejerzan la función de autoridad de transporte en el área de su jurisdicción. Esto implica que éstas sean responsables en la planificación en materia de transporte, incluyendo el desarrollo de futuros corredores viales u obras de infraestructura. En Bucaramanga, el AMB ya cumple en parte con este papel, especialmente en lo que se refiere al manejo del transporte público. No obstante, las competencias de la Direcciones de Transito, como el control del tráfico y la movilidad seguirán en manos de los municipios. Según Félix Jaimes, de la Cámara de Comercio, esta propuesta se queda a medias, pues él considera que todas las funciones se deberían unificar en una misma entidad. Más participación a los municipios Otro cambio importante es que se abandona el concepto de Alcalde Metropolitano y se reemplaza por el de ‘Presidente de la Junta Metropolitana’. Además, se crea la figura del vicepresidente, que será un alcalde de los municipios colindantes, elegido por los miembros de la Junta para un período de un año, con posibilidad de reelección. Dentro de las competencias se prevé que los planes integrales de desarrollo metropolitano se hagan de manera concertada con las autoridades y las secretarías de planeación de los municipios que conforman el área. Si bien en el papel parece una buena opción, Félix Jaimes Lasprilla, de la Cámara de Comercio, consideró que esta propuesta es poco práctica, pues “le quita poder a la entidad y deja que problemas en las que su solución es obvia (técnicamente), estén sujetos a la voluntad de los entes territoriales”. Recursos para las Áreas Metropolitanas El Proyecto de Ley busca darle más recursos a las áreas metropolitanas. Para empezar, estos entes planificadores no podrán destinar más del 10% de su presupuesto anual para sufragar gastos de personal. Para suplir esta situación, los Alcaldes y Concejos tendrían que aportar recursos para el funcionamiento de éstas. Por otro lado, una vez se certifique que el AMB tiene un millón de habitantes en zona urbana, esta entidad podría volver a recibir la sobretasa al avalúo catastral, que sería una importante fuente de ingresos. La directora del AMB, Alfa Gélvez Figueredo, advirtió que los recursos no están garantizados, pues el principal aporte debe ser de las entidades territoriales que la conforman: “La Ley deja bajo la consideración de los alcaldes y concejos municipales el aporte que deben hacer”. Para algunos expertos este es uno de los lunares de la iniciativa. AMB como autoridad ambiental La reforma de la Ley 128 ratifica la competencia de las áreas metropolitanas para ser autoridades ambientales. Solo que exige el cumplimiento de una población urbana mínima (no rural), que es de un millón de habitantes. Actualmente solo Medellín cumple con este requisito, mientras que Bucaramanga, con cerca de 950 mil habitantes que viven en los cascos urbanos de los cuatro municipios, estaría ‘ad portas’ de dar este paso. Para ello el Dane tendría que certificar, en el próximo censo, que la capital santandereana tiene la población urbana requerida. Esto implicaría que el Área Metropolitana de Bucaramanga tenga funciones en la planeación ambiental y en la protección y conservación del ambiente y de los recursos naturales renovables, que en este momento son asumidas por la Corporación Autónoma para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga..
Posted on: Sat, 03 Aug 2013 22:58:24 +0000
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