Una carta. Una deuda. El fin de un alquiler social. Un sentimiento de asfixia. Un acto desesperado, un suicidio. "Amparo, de 45 años, de Carabanchel, con tres hijos y dos nietos a su cargo, se suicidó después de recibir una carta en la que la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) le comunicaba que no prorrogaría su alquiler social, de 69 euros al mes, por finalización de contrato. Amparo tenía algunos pagos atrasados. La EMV tiene como objetivo facilitar “el acceso a la vivienda a los sectores con mayores dificultades” y cumplir con “otras directrices de la política de vivienda, con un marcado carácter social”. Sin embargo, la EMV también desahucia. Es decir, una empresa con el 100% de su capital público, expulsa de sus casas a personas con dificultades u opta por no prolongar su alquiler. Hay en este hecho una absoluta contradicción con la razón de ser de esta institución. Más aún, cuando más de un tercio de las viviendas del IVIMA (Instituto de la Vivienda de Madrid) y de la EMV están vacías. Ante estos casos, es inevitable recordar que el Ayuntamiento de Ana Botella pretende privatizar al menos parte del organismo de vivienda pública, vendiendo viviendas sociales a fondos de inversión privados."
Posted on: Wed, 18 Sep 2013 23:15:05 +0000
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