VIA Alberto Cinta: DEDÍQUENLE 5 MIN DE SU TIEMPO A LEER ESTO, URGE DISCUTIRLO (A veces en FB sirve compartir, y LEER más que sólo fotos y felicitaciones): LO QUE ESTAMOS VIVIENDO ES GRAVE. REGULEMOS LAS MARCHAS Y PLANTONES. Quejarse del caos que producen las manifestaciones en el DF es sólo una inútil terapia contra la frustración. No sirve para nada. En lugar de eso, necesitamos ordenarlas, impulsar la creación de una NUEVA LEY DE MARCHAS para regular las manifestaciones que han desquiciado al D.F. en los últimos años. En 2013 podríamos llegar a 10,000 marchas al ritmo actual (de las aprox 6,000 que hubieron en 2010 y 2011), y la intensidad, violencia y confrontación que estamos viviendo puede ser pólvora para acontecimientos que como sociedad tenemos que impedir urgentemente. Dejemos de ser víctimas. Hoy le toca a la MAYORÍA SILENCIOSA poner un alto a esta situación de involución de la que, por haber tolerado tanto, ya nos hicimos cómplices. NECESITAMOS REGLAS DE CONVIVENCIA QUE GARANTICEN EL RESPETO A LOS DERECHOS DE TODOS POR IGUAL. En todas las democracias, Inglaterra, Estados Unidos, Francia, por citar sólo a las más antiguas, hay normas que reglamentan las manifestaciones y marchas públicas. De ninguna manera regular las marchas significa atacarlas ni pretender acabar con ellas. Al contrario, urge regular las marchas para construir un modelo de convivencia que nos permita vivir como comunidad procesando sin excepción las reivindicaciones de TODOS, de unos y de otros, con respeto, sin violencia, y ponderando este “conflicto de derechos” para reconocer los derechos de todos sin atentar contra la calidad de vida de nadie. No es ni justa, ni deseable, ni libre, una sociedad en la que el legítimo derecho de algunos se ejerce causando daño a los derechos de los demás. El principio de regular las marchas descansa en la tradición del contrato social de Rousseau; en la idea de un pacto ciudadano que garantice que todos sean libres e iguales reconociendo todos que la libertad de nadie puede estar por encima de la libertad de los demás. LA RAZÓN DE UNOS NO ES RAZÓN PARA AFECTAR A OTROS, EN NINGÚN CASO. Necesitamos una ley que regule las marchas, todas ellas, independientemente de simpatías o fobias por los manifestantes o sus causas. No se trata de juzgar quién tiene la razón o no, sino de cómo queremos que las razones sean defendidas. Es claro que seguimos siendo un país lleno de injusticias, desigualdad, y saldos pendientes. Pero justificar marchas fuera de control y llenas de abusos contra la ciudadanía, donde incluso se cometen delitos bajo el argumento de que defienden una causa noble resulta francamente autoritario (la idea de que el fin justifica los medios, la llamada “doctrina del bien superior” ha sido atribuida a Maquiavelo, Napoleón y Lenin, y cita documentada de personajes como Stalin, Hitler y Pol Pot). Además, tolerar que se cometan delitos por defender una buena causa resulta premoderno, tan ridículo como pretender justificar que alguien golpee y robe a otros porque así va a salir de la pobreza en la que nació injustamente. La pobreza, la desigualdad y el abuso siempre son injustos, pero la justicia debe ser ciega, objetiva y sin excepciones: Un delito es un delito. En la búsqueda de la justicia, jamás el fin justifica los medios cuando éstos implican que se viole la ley. Y mucho menos cuando los que sufren la violencia de una marcha son ciudadanos ajenos completamente al origen y a la solución del asunto que reclaman los manifestantes. NO PODEMOS NI DEBEMOS PAGAR EL ALTO PRECIO QUE LAS MARCHAS SIN CONTROL NOS IMPONEN. Necesitamos una ley que regule las marchas para acabar con la gigantesca destrucción de valor que nos significan. Porque un sistema en donde la libertad de unos representa un daño para otros no es verdaderamente libre. Ningún manifestante, sea cual sea su causa, tiene legitimidad ni moral, ni democrática, ni legal, para afectar por la vía de la fuerza a millones de personas. Según diversas encuestas del Diario Reforma durante Agosto de 2013 en el D.F, el 48% de los entrevistados dijo haber “sufrido afectaciones en su vida cotidiana” por motivo de las marchas, y el 45% cree que estas se llevarán a cabo con violencia. Como sociedad no podemos darnos el lujo de “acostumbrarnos” a que en una ciudad donde las marchas son permitidas y hay tolerancia, grupos ciudadanos expresen sus reclamos de forma violenta. La CANACO ha estimado que las pérdidas ocasionadas por marchas pueden ir desde los trescientos ($300) millones de pesos si dura menos de cuatro horas, hasta novecientos cincuenta ($950) millones de pesos si duran más de ocho horas! Estamos hablando de daños económicos bestiales que afectan por igual a pequeños y grandes comerciantes, restaurantes, fondas, changarros, hoteles, y cientos de miles de asalariados y sus familias que dependen de estas fuentes de empleo. En el primer trimestre del año, según la COPARMEX, han cerrado en la capital del país dos mil 579 negocios debido principalmente a marchas y plantones. Esto derivó en la pérdida de ocho mil 284 fuentes de trabajo. En un día de marcha y tan sólo en Reforma Centro y Centro Histórico, según esta fuente, sus 2,800 comercios registran pérdidas por $35 millones de pesos, es decir, $1,645 millones de pesos anuales. El impacto negativo de las marchas de finales de agosto de este año se ha resentido, según estudios de la CANACO, en unos 16,000 negocios. Esta cuantificación de la enorme destrucción de valor ni siquiera toma en cuenta los costos a la salud y calidad de vida que imponen las marchas sin control por las miles de horas/hombre perdidas en el tráfico, los millones de litros de gasolina y sus emisiones de contaminantes, y los problemas laborales y médicos de quienes no pudieron llegar a tiempo o debieron faltar a sus compromisos. Por ejemplo, la última marcha ha ocasionado que tan solo en Oaxaca más de un millón trescientos mil alumnos pierdan un mes completo de clases, más lo que se acumule. ¿O no tienen derechos esos estudiantes? Por otro lado, estudios del Instituto Mexicano de la Competitividad AC, revelaron que del 2005 a la fecha se ha tenido un aumento en el tiempo de traslado promedio dentro de nuestra ciudad, pasando de 53 minutos a 1 hora con 21 minutos promedio. Cada día perdemos 50% más de tiempo en transporte que hace apenas algunos años! Si el tiempo es el activo más valioso de una persona, estamos dilapidando el activo más precioso de nuestra comunidad, tiempo perdido por millones en embotellamientos pudiendo haber sido utilizado productivamente en trabajo, estudio, ejercicio, o convivencia familiar. Resulta además difícil cuantificar, aunque no por ello sea menos grave, los daños al patrimonio histórico destruido o grafiteado, a la imagen turística de nuestras más bellas plazas y símbolos convertidos en basureros, e incluso, la afectación injustificada a la plataforma logística e institucional del país con los bloqueos al aeropuerto Benito Juárez y al Congreso de la Unión. NECESITAMOS DEFENDER A NUESTRA DEMOCRACIA de quienes la quieren desconocer, manipulando sus principios. No señores, el rumbo de una democracia NO se decide, con violencia o sin ella, en las calles como muchos quieren; se decide con debate, con deliberación, con órganos de representación, durante las elecciones, en las sesiones del Congreso. Es momento de tener claridad respecto a si queremos o no realmente ser una democracia, y eso significa respetarla aún cuando no nos convenga. Porque no es democracia la ley del más fuerte, jugar a salirse con la suya sometiendo a los demás a base de destrucción, secuestro y chantaje. Tampoco es democracia buscar imponer la ley de unos cuantos, por muy ruidosos que sean, sobre la voluntad de la mayoría. Hayamos votado o no por ellos, nos caigan bien o no, así es la democracia, quienes detentan la representación nacional son electos por voto universal, libre y secreto. Los ciudadanos podemos y debemos exigirles que nos escuchen y velen por el INTERÉS GENERAL. Podemos también exigirles que den resultados, o bien castigarlos, si no nos convencen, como ya hemos hecho, porque votando tenemos el poder para cambiar al partido en el gobierno y a la mayoría en las cámaras que nos defraude. Pero por muy nefastos que nos puedan parecer nuestros políticos, por muy imperfecta que sea nuestra democracia, el camino para mejorarla es fortalecerla. No podemos permitir que se deterioren las instituciones de la República a base de un chantaje de guerrillas, que distorsiona nuestro sistema de representación, que desconoce la legitimidad de gobiernos democráticamente electos (tanto locales como federales, sean del PRI, PAN, PRD, o otros), que pretende superioridad moral sobre ellos y nuestras leyes, y que por eso considera justo y razonable imponérseles, antidemocráticamente, a la fuerza. Correspondamos a los héroes de nuestra historia que desde trincheras diversas se han sacrificado por nuestra democratización. Gracias a ellos, ya no estamos en 1910, ni en 1968, ni queremos que esos tiempos regresen. Finalmente, encuestas recientes como una de BGC Excelsior de Junio 2013 han reportado que, frente el abuso frecuente en el desarrollo de las marchas, ya hasta un 76% de los capitalinos reprueban las marchas en el D.F. Por eso es también urgente que el orden legal y democrático impere, que aprendamos que la pluralidad de expresiones no siempre significa violencia y caos, antes de que se desarrolle una cultura de intolerancia y confrontación entre nosotros. NOS CORRESPONDE PROTEGER EL ESTADO DE DERECHO. Apostemos a una comunidad de iguales bajo el imperio de la ley. No se trata de criminalizar las marchas, por supuesto que es nuestro deber salvaguardar los derechos de expresión, manifestación y tránsito consagrados en los artículos 13º, 19º y 20º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero tampoco podemos permitir que se descriminalice el delito. Porque en un Estado de Derecho la libertad nunca es absoluta, no es un cheque en blanco para hacer lo que se nos pegue la gana. En un estado de derecho, ni demostraciones de fuerza que apantallan, ni buenas causas que generan simpatía justifican que se afecte a terceros violando la ley. Contar con fuerza y con causa representa un valioso poder de defensa o para transformar positivamente al país, pero sólo cuando este poder es canalizado, y medido, por las varías vías legales de las repúblicas democráticas que nos permiten medios de libre expresión y participación sin violar la ley, a través de medios impresos y electrónicos, de manifestaciones pacíficas y respetuosas, de elecciones libres o en las cortes y tribunales por ejemplo. Regulemos pues las marchas para rescatar, en la práctica, el espíritu de nuestra Constitución que padece, por omisión, constantes tergiversaciones que la lastiman. Los CONSTITUYENTES de 1857 y 1917 fueron muy claros al establecer un régimen de garantías individuales que con toda precisión pone límites a las libertades que consagra. Obviamente nuestras leyes no sólo acotan la libertad de los ciudadanos que se manifiestan, sino la de todos nosotros por igual. Todos estamos sujetos a los mismos límites y a las mismas sanciones en caso de infringirlos. De hecho ningún ciudadano puede atacar la moral, o derechos de terceros, ni cometer delitos como robar o destruir propiedad privada, ni usar violencia para intimidar, ni dañar monumentos nacionales, ni cerrar una avenida por ejemplo. Entonces, ¿por qué varios individuos reunidos como manifestantes sí habrían de poder hacerlo? Y estas restricciones a la libertad no sólo se encuentran contempladas en nuestro marco regulatorio, también han sido evocadas a nivel internacional y por consenso como necesarias para consolidar un estado de derecho en democracia. Es así como ha quedado expresado, entre otros documentos, en los artículos 13º, 15º, 16º y 22º de la Convención Americana de Derechos Humanos. En el caso de nuestra Constitución, los artículos 6º, 9º y 11º son muy explícitos en fijar límites a la libertad: • Art. 6º Constitucional: La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, SINO en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden publico • Art. 9º Constitucional: No se considerara ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto a una autoridad, SI NO se profieren injurias contra esta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee. // NINGUNA reunión armada tiene derecho de deliberar. • Art. 11º Constitucional: TODA persona tiene derecho para entrar en la republica, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará SUBORDINADO a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil. TENEMOS QUE PONER ORDEN AL ABUSO QUE HA PERMITIDO QUE ALGUNOS CONVIERTAN LAS MARCHAS EN NEGOCIO. Como cualquier grupo puede con facilidad organizar sin límites una manifestación que, hasta con un puñado de personas, imponga altos costos a la sociedad, sufrimos manipulación de quienes sin importarles la calidad de vida de millones de habitantes, los secuestran haciendo de la manifestación un negocio, y de las marchas una industria. Son sofisticados mecanismos de extorsión a nuestras autoridades locales y federales, a través de los cuales se ha tergiversado el principio de “negociación” para reducirlo a la mecánica de “pago”. A veces los organizadores de este tipo de práctica ni base social tienen, por lo que dependen de hacer los mayores estragos posibles mientras dura su manifestación, que en muchos casos es “rentada”. Así es, con frecuencia vemos a individuos que se rentan por día, “reclamando” en diferentes puntos de la ciudad a favor de las causas más diversas, aunque realmente éstas les sean ajenas. El costo de dichos “manifestantes a la carta”, porque existe un mercado y sus precios, oscila según investigaciones entre 250 y 500 pesos, a veces, más la comida. Esta barbaridad es posible porque a los empresarios de dichos shows les alcanza para pagarle a todos, y aún así se quedan con un gran botín, lo que es un incentivo y les da recursos para reinvertir en la repetición de nuevas funciones cada vez que se les permite llenar su cochinito. ¿Nunca se han preguntado de dónde sacan muchas marchas los recursos para financiar toda su impresionante logística de camiones, campamentos, comidas, y “apoyos”? Esta mecánica afecta el desempeño de los gobiernos que tienen que asignar recursos a esta “renta” impuesta, nada productiva e injusta. Por supuesto, también lastima a los ciudadanos a los que dichos recursos se les niegan en aras de una simulación de acuerdo democrático con las mafias e intereses que disfrazados de líderes sociales, nos chupan la sangre a todos, incluyendo a veces a sus supuestos agremiados. Estos grupos son los primeros en impedir, enrollados en la bandera nacional y reclamando el derecho a la libre expresión, todo intento de reglamentar su negocio millonario, el de las marchas. ANTE LA FALTA DE CLARIDAD SE REQUIERE UN MANDATO PRECISO SOBRE LA POSICIÓN DE LA SOCIEDAD EN ESTE ASUNTO. Necesitamos que la ciudadanía reclame una ley nueva, no rebasada por los hechos, que regule las marchas para definir con mayor precisión lo que queremos permitirnos hacer o no hacer cuando nos manifestemos. Así conseguiremos dejar registro, mandar un mensaje claro sobre cuál es el sentir predominante de la ciudadanía respecto a este tema, y lo que esperamos de las autoridades para enfrentarlo. Esto es importante porque, aunque la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos ya establece ciertos límites a las libertades de expresión, asociación y tránsito, en la práctica quienes cometen delitos durante manifestaciones se benefician de una gran impunidad. Pareciera que para varios círculos de ciudadanos, líderes de opinión, y de responsables gubernamentales nunca se justifica el uso de la fuerza pública debido a lo que podría denominarse el mandato extralegal de un paradigma cultural. El que considera todo uso de fuerza del gobierno como un acto autoritario y antidemocrático. Y por eso los manifestantes, aunque acotados claramente por la ley, son de facto libres de hacer cualquier cosa, incluso actos de vandalismo y sabotaje que no se permiten en ninguna de las más antiguas democracias del mundo. Esto no debe ocurrir más. Según una encuesta de Merca2.0 de Agosto de 2013, el 90% de los ciudadanos se opone a que las manifestaciones realicen bloqueos de calles. Es obvio que, en ciertos casos, sólo la fuerza pública podría evitar estas prácticas. Parece que esta confusión de quienes la satanizan en cualquier circunstancia data de trágicos acontecimientos como el movimiento estudiantil del 68 en Tlatelolco, y más tarde, el funesto “halconazo” del 10 de junio de 1971. Estos lamentables episodios de nuestra historia reciente representaron el asesinato cobarde, estúpido e injustificado de estudiantes, así como la tortura y encarcelamiento de cientos que ejercían su derecho a manifestarse. Semejante barbarie represiva dejó, con razón, una muy onda huella en nuestra cultura. Sin embargo el contexto actual es totalmente distinto. Hoy hay más contrapesos entre poderes, más apertura y transparencia, una prensa libre, redes sociales, fuertes partidos de oposición, elecciones democráticas, una mayor cultura democrática, y por lo tanto esos desplantes de represión autoritaria desproporcionada serían inaceptables, ventilados, y castigados. Actualmente, en las viejas democracias – donde el uso de la fuerza pública se entiende como un mal necesario, éste se rige por modernos protocolos e instrumentos de acción que limitan el concepto mismo de “uso de la fuerza pública”. Hoy en esos países desarrollados el objetivo de la fuerza pública no es acabar con los manifestantes ni con su causa (represión autoritaria), sino garantizar que estos se comporten con respeto a los derechos de los demás, con respeto a la ley y reglamentos que acotan el desarrollo de las marchas. En cuanto a nuestro país, hoy en día sería un escándalo inaceptable que la fuerza pública tratara de intervenir, por ejemplo, haciendo uso de armas de fuego como pasaba antes. La intervención de la fuerza pública de ninguna manera significa regresar a ese tipo de represión de los años 60s y 70s. Eso nos quieren vender, lastimosamente, los que pretenden que la violencia y el secuestro de nuestro tiempo no sean controlados por tratarse, según ellos, de una parte indisociable a su derecho a manifestarse. Sabemos que eso no es cierto. Y sabemos también que no existe país que se pueda permitir el lujo de renunciar, en términos del pensador Max Weber, a una prerrogativa del Estado que es el “monopolio legítimo de la violencia”, el uso de la fuerza pública para hacer cumplir la ley. Sorprende que algunas personas se hayan indignado cuando, después de semanas de tolerancia y de prudencia, entró la fuerza pública a quitar a manifestantes del Zócalo. Sorprende quienes dicen que están “en contra de todo tipo de violencia, de cualquier lado”. No señores, en una democracia también se requieren pantalones para mantener viva a la democracia. Y también corresponde a los ciudadanos entenderlo. Exijamos siempre tolerancia, pero no podemos ni permitir ni ser cómplices de la impunidad. ¿Cómo podría un gobierno garantizar el estado de derecho sin intervenir, a la fuerza, frente a quienes a la fuerza no respetan la ley, provocan, y alteran el orden? Según las encuestas del Reforma y BGC Excelsior, aunque es minoritaria, todavía una tercera parte de encuestados se dice en contra del uso de la fuerza pública para retirar manifestantes que bloqueen vialidades. No nos creamos el chantaje de que poner orden a las marchas, aún con respeto, aún sin anular la voz de nadie, pero impidiendo que se cometan abusos, es un acto antidemocrático. ¿Cuándo se ha visto que manifestantes ataquen a la fuerza pública en Estados Unidos, Inglaterra o Francia, que cierren calles principales por completo y durante tanto tiempo, que bloqueen accesos a aeropuertos, que obliguen a cerrar comercios con plena impunidad, que acampen semanas en la Plaza de la Concordia, o en Trafalgar Square, o afuera de la Casa Blanca, sin que la autoridad los lleve al orden? ¿Cuándo se ha visto que en el Congreso en Washington, la Asamblée Nationale en Paris, o la House of Commons en Londres los legisladores no puedan sesionar porque un grupo haya tomado a la fuerza sus instalaciones? Sería una vergüenza pública. Obvio que nunca se ha visto, ni se verá. Y no lo veremos porque allá la fuerza pública actúa siempre que debe actuar, sin discrecionalidad, sin consideraciones. Por eso, las más antiguas del mundo son también democracias más consolidadas que la nuestra. NECESITAMOS UN ESTADO FUERTE Y ESTABLE. Porque una mal entendida libertad para manifestarse propicia que fuerzas reaccionarias intervengan el orden democrático cuando hay un gobierno que no les conviene, a veces, aunque haya ganado legítimamente en elecciones libres. Hay cientos de ejemplos en la historia del mundo, e incluso actuales. No debe confundirse el derecho a reclamar a los gobernantes, o una merecida marcha contra una medida impopular, con la inestabilidad y terrorismo político. Lo primero alimenta la mecánica democrática, lo segundo la destruye. Poner orden a las marchas respetando el derecho de expresión y manifestación de todos no sólo no daña a nuestra democracia, sino que la protege de esos grupos bien financiados, ya sean empresas poderosas, personajes políticos, movimientos autoritarios, o incluso otros países, que buscan incidir en nuestra forma y composición de gobierno, incluso imponerse al poder político, generando inestabilidad. Estas tácticas son variadas. A veces se financian marchas en donde los reclamos “oficiales” son lo de menos, es decir, sólo una cortina de humo para legitimar la ocupación de las calles, enrareciendo y polarizando el ambiente para desestabilizar. A veces cuando otras marchas, tal vez auténticas, duran demasiado o se nutren de contingentes diversos y masivos, éstas generan, buscándolo o no, oportunidades para que grupos de choque se infiltren en ellas. Grupos de choque o movimientos anarquistas aprovechan el contexto para provocar a la autoridad, tejiendo poco a poco las condiciones para una situación violenta, explosiva, fuera de control, que pueda ofrecerles aquellos desenlaces caóticos y fatales que ellos mismos propician para construir mártires o deslegitimar gobiernos a favor de sus movimientos. No es teoría de la conspiración. Con demasiada frecuencia nos enteramos de marchas en donde los más violentos, los más extremistas de un movimiento, los que acampan semanas con simulado heroísmo, ni siquiera son parte del gremio o movimiento que dicen apoyar!! Nuestra débil y muy imperfecta democracia sólo se podrá consolidar por las vías de la democracia. No con terror o violencia en las calles. La democracia no siempre llega para quedarse. Y justamente las democracias más imperfectas o revoluciones débiles son las que más pueden retroceder al autoritarismo si no se protegen las instituciones democráticas, como sucedió en Francia en 1804 con Napoleón, y 1852 con Napoleón III, cuando regresaron gobiernos absolutistas, o en Rusia a finales de 1917 cuando la revolución de Octubre acabó con las posibilidades de democratización que tuvo la revolución rusa contra la guerra y el autoritarismo de los Zares, y Lenin y los bolcheviques arrebataron a los soviets obreros el control y asumieron todo el poder, o en Italia y Alemania cuando por crisis políticas o económicas regresó el autoritarismo con los fascistas en 1922 y 1933 respectivamente, o en España en 1936 cuando inició la guerra civil a partir del levantamiento militar contra el gobiernos democrático de los republicanos, etc. En América Latina los ejemplos abundan: Brasil 1964, Chile 1973, Argentina 1976. Gobiernos electos de derecha o de izquierda, no importa, han sido reemplazados por dictaduras de derecha o de izquierda cuando la inestabilidad y las vías violentas no institucionales, siempre subestimadas, han superado a los canales de diálogo de la democracia. POR TODO ESO, PIDAMOS RESPETO A LOS VALORES CÍVICOS ELEMENTALES DE TODA SOCIEDAD DESARROLADA. APOYEMOS UNA NUEVA LEY DE MARCHAS. Hay quienes argumentan con los capitalinos, a través de nuestra Asamblea de Representantes, no podemos regular en la materia. Sería ridículo. Primero, ya existen elementos en nuestro ordenamiento jurídico local, como la Ley de Transporte y Vialidad de D.F., o la Ley que Regula el Uso de la Fuerza de los Cuerpos de Seguridad Pública del Distrito Federal, que regulan las marchas, pero han sido rebasados por la realidad. Además, existen ya varias iniciativas de ley presentadas en la Asamblea del D.F. que no han sido ni dictaminadas ni discutidas para votación. Estas se fundamentan en el artículo 122º, Fracción V, inciso j) de nuestra Constitución, así como en jurisprudencia de la Suprema Corte que establece que no es requisito indispensable que se establezcan literalmente en la constitución las facultades expresas de la Asamblea de Representantes. Luchemos entonces por impulsar esta idea, por un marco legal integral, de sentido común, como lo tienen las democracias más antiguas del mundo, que defina derechos y responsabilidades. Encausemos la libre expresión y asociación ciudadana para que tenga eco en las instancias competentes velando que se respete en todo momento la paz y orden público, la propiedad y la integridad de los habitantes del Distrito Federal, conforme a los siguientes diez principios básicos: • Es obligación de la autoridad velar por el buen desarrollo de toda marcha, y preestablecer en cada caso las medidas preventivas y de protección civil que protejan a los manifestantes y a la ciudadanía en general. • Es obligación de la autoridad respetar el derecho de cualquier ciudadano a manifestarse, permitiendo el desarrollo de marchas en áreas públicas y vialidades, así como facilitar incluso otros espacios alternos de expresión como los canales locales y tiempo aire del gobierno en canales de TV. • Es obligación de la autoridad escuchar y establecer canales de diálogo con todo grupo de manifestantes, según las características y demandas de cada caso. • En caso de requerirse el uso de la fuerza pública para hacer cumplir la ley cuando manifestantes la violen, esto se hará siempre conforme a un protocolo preestablecido. Bajo ninguna circunstancia se permitirá que los agentes del orden público encargados de vigilar su buen desarrollo porten armas de fuego. En caso de que se cometan delitos que dañen propiedad pública o privada, o lastimen la integridad de terceras personas, y sólo en los casos en que la propia ley lo determine y los infractores hayan sido identificados en flagrancia, la fuerza pública podrá consignar a los infractores ante el MP. • Toda marcha debe anunciarse con antelación a la autoridad para que se tomen las medidas de control de vialidad, de protección civil, en su caso se designen paramédicos para acompañarlas, y se avise a la cuidadanía. • Se permiten las marchas en vialidades, nunca las primarias de flujo continuo, y esto, sin bloquear todos los carriles. Sólo podrán ocupar hasta la mitad de los carriles de una vialidad, según lo justifique el número de manifestantes, y para que éstos puedan llegar de un punto a otro. Las marchas sólo podrán tener lugar a ciertas horas no pico. • Se prohíbe a cualquier manifestante grafitear o dañar de cualquier otra forma monumentos nacionales o mobiliario urbano. Ningún manifestante podrá ocultar su identidad. • Queda prohibido bajo cualquier circunstancia el bloqueo o daño a nodos estratégicos de transporte como terminales de camiones o aeropuertos. • Las marchas pueden llevarse a cabo en varios espacios públicos, parques y avenidas predefinidos por la autoridad bajo el concepto de “Foro Público” o “Foro Público Limitado” que en países como Estados Unidos se eligen para que los ejercicios de libre expresión afecten lo menos posible al resto de la población. Por ejemplo, en ninguna circunstancia se permite acampar en espacios públicos protegidos por su valor histórico, turístico, económico, o cultural tales como el zócalo o Paseo de la Reforma. • Las marchas deberán conducirse de forma pacífica; se prohíbe a los manifestantes el uso de la violencia, la provocación, insultos o golpes a la autoridad ni a las fuerzas del orden. Será disuelta toda manifestación, marcha o plantón que afecte los bienes de dominio público. Si tan sólo autoridades y ciudadanos nos comprometiéramos a apoyar, adoptar y defender al conjunto de estos 10 sencillos principios, unos de los cuales ya han sido incorporados a nuestras normas, nuestra ciudad, orgullosamente plural, diversa y tolerante, sería un mejor lugar para vivir, nuestros derechos, libertades y obligaciones estarían mejor entendidos y protegidos, nuestra república sería más fuerte, y nuestra democracia más sana, justa, y mejor preparada para corregir sus defectos en los próximos años.
Posted on: Mon, 16 Sep 2013 23:21:57 +0000
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