XVI ENCUENTRO DE LA RED LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE INSTITUCIONES DE SALUD CONTRA LA TORTURA, LA IMPUNIDAD Y OTRAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS PRONUNCIAMIENTO Las organizaciones integrantes de la Red Latinoamericana y del Caribe de Instituciones de Salud contra la Tortura, la Impunidad y otras violaciones a los Derechos Humanos, reunidas en Quito los días 24, 25, 26 y 27 de septiembre de 2013, en el Seminario Latinoamericano de Salud Integral y Derechos Humanos manifestamos: Nuestra profunda preocupación por la omisión del Estado ecuatoriano a las normas constitucionales e internacionales que prevén una consulta popular a los pueblos originarios para la explotación petrolera en los campos Ishpingo, Tamococha, Tiputini, ITT – Yasuní, la cual indefectiblemente afectará la biodiversidad así como la integridad de cada uno de los pueblos no contactados que habitan dichas regiones. La extracción del crudo por parte de las empresas petroleras contaminaría el agua, se destruirían los bosques, empeorarían las condiciones de salud, seguridad y bienestar en la zona. Esta situación no sería nueva para Ecuador, teniendo en cuenta el antecedente de las acciones de Texaco-Chevrón, lo que ha producido miles de hectáreas contaminadas, pueblos enfermos, comunidades desintegradas, tierras inutilizables, etc. Como es sabido, la empresa se ha negado sistemáticamente a asumir estas consecuencias, por lo cual continúan abiertas causas judiciales que hasta la fecha no han sido resueltas, lo que atenta contra la reparación de las comunidades afectadas. Actualmente, el gobierno ecuatoriano, lejos de tomar nota de esta experiencia, insiste en continuar con la explotación petrolera de estos nuevos territorios amazónicos. Exigimos al gobierno ecuatoriano cumplir con el mandato constitucional de consulta previa a los pueblos originarios para la explotación petrolera. También en Honduras existen casos de persecución, intimidación y terror contra defensoras y defensores de territorios ancestrales pertenecientes a los pueblos indígenas Misquitos, Garífunas y de familias campesinas, por parte de los guardias privados, sicarios de las multinacionales mineras, petroleras, represas y otras empresas generadoras de “energías sucias”, es decir, altamente contaminantes y que acarrean elevados costos ambientales para el planeta. En los últimos años, observamos en los países latinoamericanos que los niveles de violencia se han elevado significativamente, generada por políticas estatales producto de la implementación de modelos económicos neoliberales, impuestos por las grandes potencias. Esto acentúa la desigualdad social, pobreza, discriminación, sicariato, respuestas represivas ante conflictos sociales, leyes antiterroristas, represión política, atropello y hostigamiento a pueblos originarios, violencia de género, feminicidio, trata de personas y narcotráfico; sostenidos y amparados desde sectores del Estado. En la mayoría de nuestros países estas políticas se basan en la construcción del enemigo interno, asentados en la doctrina de la seguridad nacional, con el interés de justificar la militarización, la criminalización de la protesta social, la judicialización de luchadores populares, persecución y amenazas a defensores de Derechos Humanos, buscando incrementar el temor y la falta de participación en protestas sociales, en el marco de gobiernos que se autodenominan “democráticos”. Consideramos que la impunidad hace imposible la reparación, revictimizando a cada uno de los afectados, impidiendo la recuperación de sus proyectos de vida y la reconstrucción del tejido social. En relación a la problemática de los pueblos originarios, afirmamos que son las mismas comunidades las que deben contar con información clara y precisa a fin de que puedan decidir el destino de sus tierras y que el Estado garantice el bienestar integral de los pueblos. Nos pronunciamos por el estricto respeto de los Derechos Humanos, por lo cual es inadmisible que los Estados latinoamericanos continúen las prácticas represivas descritas en este pronunciamiento. Condenamos la creación de leyes que limiten los derechos fundamentales de los hombres y mujeres de nuestro continente. Por la Red Latinoamericana y del Caribe de Instituciones de Salud contra la Tortura, la Impunidad y otras Violaciones a los Derechos Humanos: ⌐ Centro de Alternativas en Salud Mental y Derechos Humanos (ATYHA), Paraguay. ⌐ Centro de Atención Psicosocial (CAPS), Perú. ⌐ Centro de Salud Mental y Derechos Humanos (CINTRAS), Chile. ⌐ Centro para la Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de Tortura y sus Familiares (CPTRT), Honduras. ⌐ Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), México. ⌐ Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES), El Salvador. - Corporación AVRE - Acompañamiento Psicosocial y Atención en Salud Mental a Víctimas de Violencia Política, Colombia. - Equipo Argentino de Trabajo e Investigación Psicosocial (EATIP), Argentina. - Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP), Guatemala. - Fundación para la Rehabilitación Integral de Víctimas de Violencia (PRIVA), Ecuador. - Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), Ecuador. - Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), Guatemala. - Grupo Tortura Nunca Mais – Río de Janeiro (GTNM/RJ), Brasil. - Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia Estatal (ITEI), Bolivia. - Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), Guatemala. - Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, Venezuela. Red para la Infancia y la Familia- Perú (REDINFA)
Posted on: Wed, 02 Oct 2013 18:02:13 +0000
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