fhuce.edu.uy/index.php/noticias/4419-rastros-del-pasado RASTROS DEL PASADO* Los restos óseos de media docena de «asesinados políticos» durante la dictadura fueron exhumados y son periciados por el GIAF, para intentar desentrañar la verdadera causa de su muerte. Se trata de casos donde existen dudas sobre la versión oficial. Además, en breve, el equipo de historiadores presentará un informe sobre todos los muertos políticos entre 1968 y 1985. Las historias de Pedro Lerena, Rodolfo Fernández Cúneo y Carlos Curuchaga tienen algunas cosas en común. Lerena tenía 34 años y era funcionario de la Caja Rural, Fernández Cúneo tenía 32 años e integraba el sindicato portuario (SUANP) y Curuchaga, el mayor, tenía 63 años. Los tres estaban casados y tenían hijos. Los tres eran militantes políticos en los turbulentos años setenta: Lerena y Fernández Cúneo pertenecían al MLN-T y Curuchaga al Partido Comunista (PCU). Los tres fueron detenidos por efectivos de los Fuerzas Conjuntas por sus actividades políticas, y los tres fueron recluidos en unidades militares y torturados en las entrañas de los cuarteles que oficiaron como cárceles clandestinas de la dictadura. Ninguno de los tres recuperó la libertad. Lerena, Fernández Cúneo y Curuchaga murieron en dependencias militares. Sus muertes generaron dudas y sus familiares nunca creyeron la versión oficial brindada por sus captores. Estos casos llegaron a la órbita judicial y continúan abiertos como parte de las intrincadas investigaciones sobre los crímenes de la dictadura. En los próximos días sus historias volverán a encontrarse: la jueza Penal de 7.º Turno, Beatriz Larrieu, autorizó semanas atrás la exhumación de los restos de Curuchaga para que sean sometidos a una pericia forense por parte de integrantes del Grupo de Investigación de Antropología Forense (GIAF) para dilucidar la posible causa de su muerte, como antes se hizo con Fernández Cúneo y con Lerena. Esto, con la esperanza de que los tres, más de treinta años después de su muerte, brinden señales de lo que pasó. Que hablen La antropología forense es una ciencia dedicada al estudio de los restos óseos, que permite, basada en parámetros preestablecidos, certificar género, edad y estatura de la persona a la cual pertenecieron, así como constatar antiguas lesiones óseas que brinden elementos para determinar la posible causa de muerte. Con este objetivo, el GIAF, que depende de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, realizó en los últimos tiempos la exhumación de los restos óseos de media docena de personas muertas en un contexto de violencia en dependencias militares. Las pericias forenses son herramientas que recién comienzan a aplicarse en investigaciones judiciales por crímenes de la dictadura, pero que pueden brindar elementos relevantes sobre los hechos, dijo la jefa del GIAF, Alicia Lusiardo, en diálogo con Caras y Caretas. Estas pericias refieren a casos en los que existen dudas sobre la verdadera causa de muerte: «Hay casos en los que el cuerpo se entregó en cajón cerrado, con prohibición de abrirlo y realizarle una autopsia, y durante todos estos años la familia ha tenido la duda de cuál fue realmente la causa de muerte, y otros en los que, en el momento, la familia abrió el cajón y registró determinadas cosas que no coincidían con la versión oficial […] En la medida en que los jueces comenzaron a ver que, además de la autopsia histórica y la autopsia psicológica, que son las dos herramientas que se venían utilizando para [investigar] estos casos, había una tercera posibilidad, como las pericias sobre los restos óseos, que no excluye a las otras dos sino que las complementa, comenzaron a pedirlas». «Los jueces inician con muy pocas expectativas por los años que han pasado y la condición en que pueden estar los restos», y porque «la causa de muerte no siempre deja una huella» en los huesos, como puede ser una muerte por envenenamiento, «pero en muchas ocasiones hay cosas que nos sorprenden» y ayudan a entender lo que sucedió. «Recién ahora, después de décadas, empezó a ser posible investigar qué fue lo que realmente pasó», destacó Lusiardo. Trabajo paciente El laboratorio del GIAF se encuentra en una casona anexa a la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Una larga escalera oficia como entrada al hall central, y otro largo pasillo desemboca en la sala de pericias. A simple vista no parece un laboratorio, pero brinda las condiciones mínimas para que el trabajo sea efectivo y se mantenga la cadena de seguridad que requieren estas investigaciones. La exhumación implica un trabajo exhaustivo, cuyo primer paso es establecer que los restos sean consistentes con el perfil biológico (edad, género) de la persona. «En estos casos la identidad no es el problema, porque es conocida, más allá de que chequeamos que haya una coincidencia con el perfil biológico». Si existen dudas, se realiza un examen de ADN. Cuando se confirma la identidad se inicia una revisión de todos los elementos que puedan aportar en una causa y manera de muerte. Uno de los primeros aspectos que se relevan es si efectivamente existió una autopsia: «Muchas veces figura que un médico hizo una autopsia y su resultado, y en algunos casos eso no existió, los cuerpos no fueron autopsiados […] Eso lo podemos determinar, por ejemplo que no hubo una apertura del cuerpo, que no existió una apertura de caja craneana, y sin embargo hay un informe de autopsia, no un reconocimiento, sino una autopsia con datos muy concretos de órganos dañados y cosas que no es posible determinar sin abrir el cuerpo». Posteriormente, se comienza el análisis de los restos para constatar «si queda alguna huella de apremios físicos o tortura, que no necesariamente sea la causa de la muerte, pero que sea visible» y certifique el contexto de violencia. Por la legislación vigente, la causa de muerte la debe establecer un médico legista: «Son ellos los que determinan si las lesiones que se reportan pueden haber causado la muerte. […] No podemos garantizar que vamos a dar un resultado, dependemos de muchas cosas y no siempre se van a poder responder las preguntas, porque no todas las causas de muerte dejan una evidencia en los huesos, pero podemos hacer un análisis y determinar si existen elementos que no estén acorde con lo que se manifestó en la época», explicó Lusiardo. Investigación histórica Las pericias forenses son otro elemento para complementar la investigación que se realiza en torno a los crímenes de la dictadura, junto con las excavaciones en predios militares, los trabajos de recuperación de identidad de niños desaparecidos y las investigaciones históricas en materia de detenidos desaparecidos y muertos en unidades militares o en enfrentamientos con agentes del Estado. El equipo de historiadores de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente ultima los detalles para presentar un informe sobre los «asesinados políticos», afirmó la investigadora Fabiana Larrobla a Caras y Caretas. Este informe tendrá como antecedente el trabajo de sistematización que realizó la Universidad de la República en 2009, con la incorporación de nuevos datos y documentos, y una ampliación del período de investigación. Este nuevo documento establece que entre 1968 y 1973 existieron 89 casos de personas muertas por acciones ilegítimas del Estado (existen otros 27 casos en averiguaciones), al tiempo que entre 1973 y 1985 se constataron 126 casos de «asesinados políticos» (con seis casos en averiguaciones), que revelan patrones divergentes de lo que fue la represión estatal. Se destaca que durante la dictadura la mayoría de las muertes ocurrieron en prisión (tanto por tortura, suicidio u omisión de asistencia), de los cuales 98 casos fueron en Uruguay, 27 en Argentina y uno en Chile. Por el contrario, el período anterior al golpe de Estado constata una fuerte prevalencia de personas muertas en «enfrentamientos» (esto en un sentido amplio) bajo las Medidas Prontas de Seguridad. Además, se constata que no todos los muertos en este período eran militantes políticos. En este sentido, el análisis de los documentos de los servicios de seguridad y de las actas parlamentarias permitió incorporar nuevos casos de los que no se tenía noticia, de muertos en situaciones de abuso durante las Medidas Prontas de Seguridad y el «camino democrático hacia la dictadura», incluido el de una adolescente de 15 años, cuya muerte fue denunciada en la órbita parlamentaria, o los de jóvenes que huían de controles policiales por no tener documentos y fueron abatidos. «No era necesario ser militante para morir por una acción ilegal del Estado», indicó. «A medida que avanzamos en el proceso de autoritarismo se va profundizando lo que será la tónica de la represión en Uruguay que es el encarcelamiento prolongado y la tortura», con más de 25.000 presos políticos en el período, una etapa en la que «no se busca con premeditación el asesinato y la desaparición, sino el encarcelamiento prolongado y la tortura», explicó Larrobla. El terror coordinado La investigación histórica deja entrever que a partir de 1975, durante el proceso de salida de Juan María Bordaberry de la presidencia, se produce un «salto cualitativo» en relación con la represión, que queda de manifiesto con la «Operación Morgan». «Es la primera vez que actúan en forma coordinada los servicios de inteligencia, con represión y encarcelamiento masivo y una tortura impensada por lo cruel». Esto derivó en miles de detenidos y en la muerte por torturas de decenas de personas en centros militares. «Hay un cambio cualitativo que después empieza a avanzar y cubrir otras partes de la sociedad; el terrorismo de Estado ocupa todas las áreas», afirmó Larrobla. Omisión de asistencia El análisis de las carpetas del Penal del Libertad y los expedientes de la Justicia Militar permiten certificar una posible «omisión de asistencia» del Estado en casos de personas muertas por enfermedades o suicidios en unidades militares, lo que permite incorporarlas como «asesinados políticos». Los documentos revelan la existencia de «alertas» sobre patologías que no fueron tratadas en forma debida. «Al Estado no le preocupaba mucho el destino de los presos; su rol era encarcelarlos, quebrar su voluntad política, quebrarlos emocionalmente, para que después en el momento de la libertad no pudieran reconstruir las organizaciones, y hacerles sentir la derrota», dijo Larrobla. Denuncias La Secretaría de Derechos Humanos continúa recopilando denuncias sobre posibles lugares de enterramiento y otros elementos que permitan reconstruir los crímenes ocurridos en dictadura. La información se recibe en el Edificio José Artigas (ex Palacio Estévez), ubicado frente a la Plaza Independencia, entre las 10.00 y las 17.00, o al teléfono 2900 9840. También al correo electrónico [email protected]. Análisis El análisis de restos exhumados en cementerio es de un trabajo paciente, que no está exento de dificultades, entre ellas, las posibles pérdidas que ocurren cuando el cuerpo es reducido y colocado en una urna. Esto conduce a que al momento de analizarlos no siempre estén todos los huesos, falten algunos relevantes para la pericia o tengan alguna rotura post mortem. Esto lo diferencia de los cuerpos exhumados en unidades militares que fueron recuperados por el GIAF, donde se pudo encontrar todo el cuerpo, junto a pertenencias de la víctima (vestimentas y efectos personales) y otros elementos que permiten brindar un contexto de lo que pasó. Por Mauricio Pérez * Artículo tomado de Caras y Caretas el viernes 10 de octubre de 2014. Ver artículo en carasycaretas.uy/rastros-del-pasado/
Posted on: Sat, 25 Oct 2014 13:12:41 +0000
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