investigarán complicidad civil con la represión Las pistas que abrió la causa de "La Perla" El rol de los directivos de Fiat, la Iglesia y el Poder Judicial fueron develados durante las 60 audiencias que lleva el juicio en Córdoba. -- Por: Gerardo Aranguren Testimonio tras testimonio, los sobrevivientes de los mayores centros clandestinos cordobeses, La Ribera y La Perla, comenzaron a trazar a través de sus historias las relaciones de los sectores civiles con el terrorismo de Estado en la provincia. En las más de 60 audiencias en el juicio oral por la megacausa La Perla se escucharon relatos sobre la participación de directivos de Fiat en la entrega de obreros y sindicalistas de sus fábricas, así como el rol de la Iglesia y de sectores del Poder Judicial. El fiscal Facundo Trotta y las querellas solicitaron que se extrajeran copias de esos testimonios para ampliar la investigación que ya se sigue a los sectores civiles que participaron o colaboraron con la represión. "Es claro que los militares no habrían podido obrar como obraron sin la complicidad civil", aseguró Trotta a Tiempo Argentino. EL ROL DE FIAT. Alrededor de 30 trabajadores y delegados sindicales de las fábricas de Fiat en Córdoba fueron desaparecidos en la última dictadura, aunque sólo siete de ellos son víctimas en este juicio. Jorge Argarañaz era obrero de la planta Materfer de la automotriz al momento de su secuestro y cautiverio en La Perla, en noviembre de 1976. "El segundo o tercer día aparecen con álbumes fotográficos pertenecientes a los trabajadores de Fiat, pero los álbumes pertenecían a la empresa, decían Concord, Materfer y Grandes Motores Diesel", recordó al declarar en el juicio y aseguró que "la empresa le había provisto a este grupo de tareas definitivamente estos elementos". Recordó también que Fiat incorporó Personal Civil de Inteligencia (PCI) como empleados de la planta, "que operaban con los grupos de tarea de La Ribera y La Perla". Las empresas Concord, Materfer y Grandes Motores Diesel eran filiales de Fiat en la ciudad de Córdoba. Los trabajadores de las tres plantas se habían volcado a la calle durante el Cordobazo de 1969 y contaban con sindicatos y cuerpos de delegados combativos. Por esa razón, incluso antes del golpe del 24 de marzo de 1976 comenzó una brutal represión dirigida a terminar con la resistencia en esos sectores. A diferencia de Argarañaz, quien recuperó la libertad, los siete ex obreros de Fiat que forman parte del debate fueron asesinados o permanecen desaparecidos: Eduardo Castello Soto, Luis Alberto López, Mario Oviedo y Raúl Suffi eran trabajadores y delegados sindicales en Materfer; los hermanos Daniel y Pascual Ortega habían trabajado y habían sido delegados en Concord, mientras que Pedro Finger trabajaba en Grandes Motores Diesel, donde era delegado sindical. El caso de Suffi marca la importancia que le dio el grupo de tareas de La Perla a la represión en Fiat. Al momento de su secuestro, el joven trabajaba en Ferrocarriles General Belgrano de Jujuy y hacía siete años que había salido de Materfer, donde había integrado la comisión directiva del sindicato. En 1978 fue secuestrado en su casa en Jujuy y trasladado por la patota hasta el centro clandestino cordobés. LOS FUNCIONARIOS JUDICIALES. Hubo testimonios que también apuntaron a la connivencia de funcionarios judiciales con los militares cordobeses durante la dictadura e incluso en democracia. Los nombres que sonaron con más fuerza fueron el del camarista Luis Rueda, el ex juez Gustavo Becerra Ferrer y el ex fiscal Antonio Cornejo. El sobreviviente de La Perla, Ricardo Omar Vissani señaló al fiscal Cornejo, quien está procesado con prisión preventiva, y aseguró que la única entrevista que mantuvo con él "tuvo el mismo tenor que los interrogatorios del D2 (Departamento de Informaciones de la Policía)". Por otro lado, los testigos Patricia Astelarra y Gustavo Contepomi pusieron el foco en el ex juez Becerra Ferrer y su secretario, el ahora camarista Rueda. El matrimonio, que militaba en Montoneros, fue secuestrado, llevado a La Perla y poco más de un año después dejado en libertad. Astelarra declaró en marzo pasado y Contepomi el jueves, y los dos pusieron el foco en las presiones y amenazas de los funcionarios judiciales para que dejaran de hacer denuncias en la vuelta de la democracia en Córdoba y en el Juicio a las Juntas. En el marco de las presiones, mencionaron una causa judicial contra Contepomi tomada por Becerra Ferrer en 1984 pero que se había iniciado en la Justicia militar a partir de un acta de detención fraguada por el oficial de Inteligencia del Ejército, Jorge Acosta. Lo mismo recordó Nilda Piazza, sobreviviente de La Perla, quien aseguró que Rueda le dijo que era conveniente que no declarara contra el jefe del Tercer Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, porque eso complicaría su situación procesal. LA IGLESIA. "Hubo complicidad objetiva y una participación imprescindible de la Iglesia en el terrorismo de Estado”, señaló el sobreviviente Vissani en el juicio al recordar el rol del capellán del Tercer Cuerpo de Ejército, Eduardo McKinnon, quien acudía a la Unidad Penitenciaria 1. "Se acercaba teóricamente para contenernos espiritualmente, pero a cada uno de los que contuvo y escuchó posteriormente lo fusilaron", agregó. La Iglesia Católica en Córdoba estuvo encabezada por el arzobispo Raúl Primatesta, de relación estrecha con Menéndez. La responsabilidad de la institución comenzará a ventilarse en los próximos meses, cuando se trate el secuestro y los tormentos sufridos por cinco seminaristas y un sacerdote, todos de la orden "Misioneros de Nuestra Sra. de La Salette". Los seminaristas Ramón Dausa, Daniel Velarde, José Destefanis, Daniel García Carranza y Hugo Pantoja Tapia, junto al sacerdote James Martín Weeks realizaban trabajos sociales en villas de Córdoba, por lo que fueron secuestrados en agosto de 1976 y luego llevados a varios centros clandestinos hasta su liberación. COMPLICIDAD CIVIL. "Estos testimonios permiten comprender que los militares no podían obrar como obraron sin la complicidad civil", señaló el fiscal Trotta. El funcionario cuestionó el rol de algunas empresas que hicieron aportes concretos a la represión para beneficiarse económicamente. "La dictadura buscaba beneficiar a determinado poder económico, procuraba la protección de las empresas al secuestrar a gente que defendía los derechos de los trabajadores", analizó. En el mismo sentido, se refirió a la Iglesia y al Poder Judicial: "Si la Iglesia se hubiese adherido a la lucha de los familiares, ¿hubiera sido tan simple para los militares hacer lo que hicieron? De igual modo el Poder Judicial. Si en vez de librar las órdenes de traslados, hubiera investigado ese comportamiento o las torturas, ¿los militares podrían haber continuado con esa mecánica?" Fuente: Tiempo Argentino, domingo
Posted on: Thu, 01 Aug 2013 13:09:04 +0000