parte No 2 de Indecentes, cobardes, incompetentes enviado :por Susana seleme Justicia desterrada Una decisión de la magnitud de la intervención a la marcha en defensa del TIPNIS, solo la pudo tomar el Presidente, aunque la orden haya sido transmitida por autoridad subalterna. No obstante, si el entonces ministro tomó la decisión y también dio la orden, se puede concluir que la represión a los marchistas burló la verticalidad del orden jerárquico del Estado, desde el Presidente-Capitán General de las Fuerzas Armadas para continuar en el ‘Vice’, ambos ausentes en el informe del Defensor. No están, no aparecen, no saben, no responden, como si no existieran pero, eso sí, se lavan la manos y al unísono dicen “Yo no dí la orden”. Asumiendo que no la dieron, porque la dio un subalterno, ¿quién tomó la decisión, que es lo que vale a la hora de buscar responsables y sentar precedentes? En esa acción hubo responsables intelectuales y responsables materiales. Es evidente que la policía, al cumplir una orden y descarar su fuerza bruta contra gente indefensa y pacífica, fue la autora material. Pero, ¿quién es o quiénes son los autores intelectuales? ¿Por qué exonera ese informe a Evo Morales, el ‘jefazo’? ¿Podrá eludir este tsunami político porque nunca asume estas u otras responsabilidades? Además, el mismo se declara ‘incompetente’ pues siempre que las papas queman dice “No tengo competencia para solucionar ese conflicto” como el actual de límites entre los departamentos de Oruro y Potosí, o como Huanuni, con 13 muertos entre sindicalistas y cooperativistas mineros, en 2006, entre otros. Otra vez la in-justicia favorece a quienes detentan el poder político. El común de las voces dice que es una actitud cobarde. No obstante, en esta coyuntura, ensayo una hipótesis, que no excluye la cobardía: una última encuesta privada hecha para el gobierno por expertos venezolanos, apunta a que la aceptación de Morales ha caído a 29%. Por eso insiste en la construcción de la carretera –pese a que promulgó una ley anulándola- para remachar las bases de su poderío político entre los cocaleros y afines, los más leales hasta hoy. Según Justa Cabrera, reelecta dirigente de la Confederación de Mujeres Indígena de Bolivia (CNAMIB) “El presidente se comprometió con los cocaleros para entregar las tierras del TIPNIS, por eso está en contra de nosotros” (El Día-26-XI-11). En ese orden, Morales no ha dejado de instigar a otras comunidades del TIPNIS para que exijan la construcción de la vía ‘transcocalera’ y hasta ha hecho trasladar en avión hasta La Paz, en calidad de invitados, a dirigentes de comunidades que no marcharon en defensa de ese territorio. Es más, esos ‘invitados’ le han entregado a Morales un proyecto de Ley –elaborado por hombres del gobierno, obviamente- para que la llamada ‘rodovia da coca’ siga su curso, momentáneamente postergado.“Rechazamos las políticas que está haciendo este gobierno, quiere que nos confrontemos entre bolivianos” apunta un dirigente de la Confederación de Pueblo Indígenas de Oriente (CIDOB) Lázaro Tacoo, y no descarta una nueva movilización en defensa del TIPNIS. (El Deber-25-XI-11) El mismo matutino recoge declaraciones del diputado indígena Pedro Nuny, quien califica como “una vergüenza que el gobierno intente por todos los medios construir su proyecto carretero”. La CIDOB, en la asamblea de la V Comisión Nacional de la segunda quincena de noviembre, resolvió declarar al presidente Evo Morales y a su Gobierno “enemigo” de los pueblos indígenas de tierras bajas por insistir en la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos. “Por habernos mentido sobre la protección del TIPNIS promulgando la Ley 180, que no tienen ninguna intención de cumplir y más bien mantiene su decisión de construir la carretera; por lo tanto, declaramos al presidente Juan Evo Morales Ayma y a su Gobierno como enemigos de las naciones y pueblos indígenas del oriente, Chaco y Amazonia”, señala el documento aprobado. En esa instancia denunciaron las acciones divisionistas del Gobierno, “que en su afán de construir la carretera por el TIPNIS ha intervenido las comunidades indígenas, procediendo a desinformar, chantajear y ‘sobornar’ a algunos dirigentes para que acepten su proyecto carretero”. El presidente de la CIDOB, Adolfo Chávez, afirmó que “El Gobierno quiere seguir enfrentando a dos departamentos, como lo está haciendo con Oruro y Potosí”. Sin poder asumir la derrota política que echó por tierra la imagen de Evo Morales como ‘guía espiritual de los pueblo indígenas de América’, defensor de la madre tierra y de la naturaleza, los hombres del gobierno dieron muestras, una vez más, que el imperio de la indecencia domina la vida política en Bolivia. Ahora no vale la palabra empañada ni el valor de la firma presidencial en una ley promulgada, si ella contradice compromisos económico-políticos con nacionales –los cocaleros- y con extranjeros, como la empresa brasilera adjudicataria de la construcción, con muchos millones de sobreprecio, según denuncias en Bolivia y en Brasil. En la llamada ‘Ley Corta’ que anula la carretera, la dirigencia indígena logró que se incorpore el término ‘intangible’ con la intención de preservar el territorio de la angurria de nuevas tierras por parte de los cocaleros, pero de manera alguna para impedir que los pueblos que habitan el TIPNIS gestionen su territorio con emprendimientos económicos sostenibles. Las indecentes maniobras del oficialismo han convertido la palabra ‘intangible’ en una ‘humillación tangible’ al prohibir a los indígenas del TIPNIS cualquier emprendimiento de esa naturaleza. Si ninguna autoridad asume su culpa por la represión a los que defendieron y defienden al TIPNIS, tampoco por las muertes de La Calancha en noviembre de 2007, durante la espuria aprobación de la Constitución Política; ni por los muertos de Porvenir, en Pando –campesinos azuzados y enfrentados entre ellos por las intrigas del ex ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, en 2008; ni por el asesinato de tres extranjeros mercenarios en 2009 en Santa Cruz; ni por los demás muertos de la lucha autonomista; ni por los muertos de Caranavi en 2010, en disputa por promesas incumplidas por el candidato Evo Morales, ni por las más de 60 muertes violentas durante su mandato ¿quién gobierna la esfera política, quién instruye el uso de la fuerza para reprimir o matar, quién manda en la administración de justicia en Bolivia? ¿Quién asume responsabilidades por el desamparo político, social, económico, institucional, cultural, de género y generacional que sufre la población boliviana? ¿Tiene Bolivia un gobierno decente, que no humille a las personas y en el que la justicia se aplique con principio de igualdad, o al menos que ese principio no haya sido desterrado? No, si pensamos en las ‘guillotinas judiciales’ inventadas para ‘aplastar’ –el ‘Vice’ dixit- a los adversarios, o si recordamos el complot terrorista-separatista contra Santa Cruz y su dirigencia política y cívica, entre otras felonías judiciales. ¿Tiene Bolivia un gobierno decente, que no humille a sus ciudadanos? No, lamentablemente no. Porque hasta el rasgo positivo y encomiable que tuvo Evo Morales al inicio de su mandato, como la visibilización y empoderamiento de los pueblos indígenas -lo exigía en justicia la conciencia democrática boliviana- ha sido tirado por la borda luego de su soberbia, desprecio, y represión inflingidos a los pueblos indígenas del Oriente. Si hay que acudir a la realidad, no habiendo otra fuente de verificación por aquello de que la práctica es la única validación de la verdad, el gobierno de Evo Morales ha instituido en Bolivia el dominio de la indecencia, la cobardía, la injusticia y la incompetencia en la práctica de la gestión política. Estamos, sin lugar a dudas, en manos de un gobierno que humilla a la sociedad boliviana. Enviado por la autora susana seleme [susanaseleme@gmail]
Posted on: Mon, 30 Sep 2013 01:31:35 +0000
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