telegrafo.ec/ ECUADOR LOGRA QUE CORTE DE EE.UU. LE PERMITA ACCEDER A INFORMACIÓN DE EXPERTO AMBIENTAL DE CHEVRON Registro delata a abogados ecuatorianos de Chevron La compañía ha contratado a 60 firmas, algunas de ellas de Ecuador, para desprestigiar a la justicia y contrarrestar los juicios de Lago Agrio (cuya sentencia fue ratificada en todas las instancias) y el que se ventila en la Corte de NY. Redacción Actualidad En un documento que consta dentro del juicio bajo la Ley RICO, que se ventila en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, constan los nombres de los abogados y estudios jurídicos que colaboran desde Ecuador con Chevron Corporation, en los juicios entablados dentro y fuera del país en contra de indígenas y colonos afectados por la contaminación ambiental, así como en los litigios interpuestos contra el Estado. El documento fue presentado a la Corte de Nueva York el 17 de agosto de 2011 y es parte del proceso interpuesto por Chevron (en 2003) contra la ecuatoriana María Aguinda Salazar, pobladora de Orellana, quien lideró la demanda de los 30 mil afectados en el juicio de 1993 contra Texaco (Chevron), en el cual la Corte de Sucumbíos condenó a la petrolera a pagar $ 9.500 millones. El documento ‘Registro de Privilegios’ de Chevron desglosa los nombres de las empresas y expertos contratados para enfrentar dichos juicios. La compañía alude que dichos datos son confidenciales y son prueba del esfuerzo de “buena fe” para identificar autores y destinatarios en relación a los juicios de Lago Agrio y otros. Allí consta una clasificación de 9 colaboradores, entre ellos: abogados externos, que son juristas que trabajan a nombre de los abogados de Chevron, Texaco, Texpet o cualquier matriz, subsidiaria o entidad afiliada, en relación con las disputas legales de Lago Agrio. Allí figuran también bufetes de abogados ecuatorianos (ver infografía). También constan los abogados internos: actúan con capacidad legal y personal a nombre de los abogados internos de Chevron, Texaco, Texpet o cualquier matriz, subsidiaria o entidad afiliada, en relación con las controversias legales de Lago Agrio. Otro grupo son los abogados de interés común, que son juristas trabajando a nombre de Ricardo Reis Veiga, ex vicepresidente de Texaco en el país, y Rodrigo Pérez Pallares, ex representante legal, para los procesos que se sigan en su contra en Ecuador; inclusive bufetes jurídicos que laboran bajo su dirección. Como experto designado, en cambio, están abogados que actúan en el caso Chevron versus María Aguinda. Entre ellos consta Vladimiro Álvarez Grau (ministro de Gobierno de Jamil Mahuad), quien elaboró un informe que reposa en el juicio RICO a favor de Chevron y en el que desprestigia a la justicia de Ecuador. Chevron lleva una campaña internacional contra Ecuador, dentro de la cual habría gastado, en los últimos 15 años, de $ 400 a $ 600 millones en abogados. La transnacional ha contratado, al menos, a 60 firmas de abogados, entre ellas las ecuatorianas para hacer que el Estado pague la millonaria indemnización. Juicio Chevron III: Corte acoge pedido de Ecuador El 13 de noviembre pasado, la Corte de Apelaciones del Décimo Circuito en Denver (Colorado, EE.UU.) ratificó que Ecuador puede hacer uso, dentro del arbitraje internacional conocido como “Chevron III”, de miles de documentos que la petrolera pretendía mantener en reserva. Los documentos están en poder de Bjorn Bjorkman, experto ambiental de Chevron, y podrían demostrar que la compañía intentó minimizar y ocultar la contaminación en la Amazonía, objeto del juicio en Lago Agrio”. Para el procurador General, Diego García, “este es un logro importante de Ecuador en la batalla legal que emprendió Chevron en contra de nuestro país”. “DESTROZO QUE DEJÓ CHEVRON ES INTOLERABLE” “Es una campaña justa y no tenía otra opción que apoyarla porque el destrozo que dejó Chevron es intolerable”, señaló el cantautor español Luis Eduardo Aute, quien junto a activistas, académicos y funcionarios de España y Brasil recorrerán las piscinas de residuos tóxicos en el Pozo Aguarico 4 (Sucumbíos), abandonado por Texaco (Chevron) en 1992. De igual forma, el académico brasileño Emir Sader, quien está identificado desde hace años con la lucha de los pueblos y el proceso revolucionario ecuatoriano, dijo conocer muy bien los datos de la contaminación de la multinacional. Resaltó la importancia de la creación de una entidad de control que regule y castigue este tipo de prácticas irresponsables por parte de las transnacionales. “Esa gente tiene impunidad por el dinero, compran y esconden la verdad”, enfatizó el politólogo. Con respecto al juicio RICO opinó que Estados Unidos está haciendo las cosas mal al permitir un proceso en contra de los propios afectados. Sin embargo, confía en que la opinión pública no permitirá este atropello, aunque duda de la justicia norteamericana. Alberto Almeida, miembro del consejo ejecutivo de Telesur, quien también verificará in situ el daño ambiental, recordó la larga trayectoria de la mano sucia de la petrolera en otras partes del mundo, en donde de igual forma no acepta su responsabilidad y no respeta la ley. “En Ecuador el desastre es mucho mayor: las piscinas, los desechos. Es un crimen contra la naturaleza y contra las comunidades porque había la opción de utilizar técnicas más seguras, pero Chevron prefirió bajar los costos y sacrificar a la gente”, destacó el periodista. Por otro lado, la Asociación Judicial del Guayas se manifestó ayer frente a las declaraciones del exjuez Alberto Guerra Bastidas, quien hace dos semanas, dentro del juicio bajo la Ley RICO que se ventila en la Corte Federal de Nueva York, admitió haber recibido dinero de la petrolera estadounidense para testificar en contra de Ecuador. Los servidores judiciales expresaron que la conducta de Guerra no representa “el sentir de la Función Judicial. Al contrario, es lo que no desea para el país”. Además insistieron en su apoyo al fallo jurídico que ratifica la sentencia en contra de Chevron, porque sienta un precedente de reconocimiento de los derechos humanos. DATOS La Corte Nacional de Justicia ratificó la sentencia contra Chevron que la condenó a pagar 9.511 millones de indemnización. El canciller Ricardo Patiño ha dicho que Chevron busca “acorralar y quebrar” al Estado. La sentencia de $ 9.511 millones significaría el 30% del Presupuesto General del Estado ecuatoriano. “Cada vez aparecen más contactos y ramificaciones de Chevron en Ecuador. Son casos de ecuatorianos que sirven al capital transnacional y literalmente venden a su propia patria”, dijo el presidente Rafael Correa en el Enlace Ciudadano pasado, tras citar a Sebastián Pérez Arteta, del estudio Pérez-Bustamante y Ponce Abogados.
Posted on: Tue, 19 Nov 2013 15:45:41 +0000
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