PAGINA 12 POR HORACIO VERBISTKY BUENAS PREGUNTAS El viernes, durante la audiencia en la CIDH solicitada por un grupo de periodistas argentinos para quejarse por la supuesta persecución que padecen por parte del gobierno, hubo un par de preguntas interesantes, que los peticionarios no contestaron. Los comisionados Rodrigo Escobar Gil, colombiano, y Rosa María Ortiz, paraguaya, quisieron saber si los periodistas habían acudido a la Justicia para denunciar lo que contaron en la audiencia y, en caso contrario, por qué no. La Relatora para la Libertad de expresión, la también colombiana Catalina Botero, preguntó si el juicio público que Magdalena Ruiz Guiñazú y Joaquín Morales Solá presentaron como una difamación oficial no era un ejercicio de la libertad de expresión de otro sector de la sociedad. Morales Solá dijo que un extranjero podría pensar que no hay problemas de libertad de expresión en la Argentina pero que esa era una apariencia equivocada, porque el gobierno pretende “eliminar al periodismo”. También desvalorizó la despenalización de las calumnias e injurias cuando hay un interés público en juego y el reemplazo de la pena por una multa en los demás casos. Dijo que el gobierno sustituyó la condena penal por la condena pública y que él prefería la cárcel al odio y la descalificación y a que el Estado cambie la historia de su vida, al presentarlo falsamente como partidario de la dictadura. Como se ve, también en cuestión de preferencias, la Argentina es un país libre y plural. La audiencia concluyó sin que pudiera saberse si elegiría una cárcel federal o una del Servicio Penitenciario Bonaerense. Desde el gobierno y sectores afines se interpretó la audiencia como una réplica del Grupo Clarín al fallo de la Corte, cosa que carece de asidero. Había sido convocada hace un mes, en respuesta al cuarto pedido que esos periodistas presentaron en varios años y es legítimo que la Comisión la haya concedido. En una sobria intervención, el funcionario de la Cancillería Javier Salgado explicó la diferencia entre una audiencia temática general, como la del viernes, y un caso, en el que sí es procedente debatir situaciones individuales como las expuestas. También destacó que la Argentina es el país que más casos ha resuelto en el Sistema mediante el procedimiento de la solución amistosa. Dos de ellas dieron lugar a reformas legislativas, en los casos “Verbitsky” y “Kimel”, que despenalizaron la expresión. De todas las peticiones presentadas desde la Argentina que están en trámite, sólo el uno y medio por ciento se refieren a libertad de expresión, ninguna por hechos ocurridos a partir de 2003. Y dentro del país sólo hay dos causas judiciales abiertas, ambas del periodista Luis Majul, una por las investigaciones de la AFIP y otra por el hackeo de su casilla electrónica, que fue remitida al juzgado federal de San Isidro (allí están procesados por la interceptación de comunicaciones el general Daniel Reimundes, los ex servicios de informaciones Juan Yofre, Héctor Alderete, Iván Velázquez y Pablo Carpintero; el empresario Néstor Ick y, por encubrimiento y revelación de secretos, los periodistas Roberto García, Héctor Mainhard y Carlos Pagni). Salgado mencionó otras decisiones favorables a la libertad de expresión y de prensa: la declaración de interés público de la fabricación y distribución de papel para periódicos de modo de asegurar la igualdad de oportunidades; la ley de democratización de la representación política que garantiza a todos los partidos espacios gratuitos en los medios audiovisuales; la resolución 210 de 2001 que ordenó a las fuerzas policiales y de seguridad no reprimir la expresión de reclamos sociales o políticos y respetar y proteger la actividad periodística durante su transcurso. Es incoherente que Salgado haya objetado la concesión de la audiencia, que permitió exponer semejante record, para encomio de dos comisionados, Ortiz y el chileno Felipe González. La audiencia concluyó con un balbuceo del funcionario de la jefatura de gabinete Juan Ross, quien desperdició sus pocos minutos en anunciar que sería breve y en provocar un cruce de palabras con Morales Solá, acaso porque la cuestión de la publicidad oficial sobre la que debía responder es una de las indiscutibles asignaturas pendientes del gobierno, igual que la demorada ley de acceso a la información pública. Después del fallo tan esperado, es hora de saldarlas.
Posted on: Sun, 03 Nov 2013 13:08:18 +0000
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