Pero vayamos a los hechos. Es un hecho que la DGT le retiró el carnet de conducir a Carromero por sanciones asociadas al exceso de velocidad. Es un hecho que sufrió un accidente en Cuba con el resultado de dos personas muertas. Es un hecho que disfrutó de una privación de libertad con muchos privilegios (vivía en un apartamento con salón y televisión a diferencia del resto de presos preventivos) a la espera de que se celebrara el juicio. Es un hecho que el juicio fue, en palabras del Consul General de España en Cuba “correcto, limpio y procesalmente impecable” (Agencia Efe, 6 de octubre de 2012). Es un hecho que fue condenado a cuatro años de cárcel en aplicación de la ley penal cubana. Es un hecho que, de haber sido juzgado en España, podría haber sido condenado a 8 años de cárcel en virtud del artículo 142 de nuestro código penal. Es un hecho que el Gobierno cubano dialogó con el español para facilitar su traslado a España pese a que era obvio que Carromero iba a ser puesto en libertad, que era un dirigente de un partido abiertamente hostil a Cuba y que viajó a la isla para reunirse y entregar dinero a la oposición. Y ahora apliquemos el más elemental sentido común. Si el Gobierno cubano hubiera ordenado el asesinato de Osvaldo Payá y Harold Cepero simulando un accidente ¿Por qué no liquidar también (donde mueren dos pueden morir cuatro) a Carromero y a su camarada sueco Aron Modig? ¿Por qué facilitar la entrega de Carromero a España a riesgo de que éste revelara los hechos cuando no tenían, con arreglo a la ley, ninguna obligación de hacerlo? Un tertuliano de Mas Vale Tarde me decía hoy que el gobierno cubano habría creído la promesa de Carromero de guardar el secreto. Además de comunistas, va a resultar que los gobernantes cubanos son gilipollas.
Posted on: Mon, 12 Aug 2013 00:02:11 +0000
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